La falacia de las diputaciones territoriales, introducida por la mayoría de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el reglamento para el rediseño de las circunscripciones, se convierte en la piedra fundamental del fraude estructural que se alista para los comicios de octubre.
Por fraude estructural entendemos una distorsión de la voluntad popular implícita en las amañadas reglas de juego elaboradas por un Tribunal parcializado, que merma la representación parlamentaria de grandes porciones de la población, mientras aumenta la de territorios poco habitados pero adeptos al oficialismo.
En un análisis comparado de las normativas electorales latinoamericanas, se hace evidente que el criterio territorial para las diputaciones es una invención del “Estado Plurinacional”, ya que en los demás países prima la razón poblacional.
En las naciones donde existe un Parlamento bicameral, es al Senado al que corresponde la representación por territorios, mientras que la Cámara de Diputados es compuesta en base a la demografía. Por otra parte, en los países con Legislativo unicameral solo existe la representación poblacional. En suma, a nadie se la ha ocurrido la peregrina idea de las diputaciones territoriales.
Digámoslo así: quienes votan son los seres humanos y no las hectáreas.
A esto hay que acotar que la inclusión del criterio territorial en la Constitución Política del Estado no fue asunto debatido en la comisión correspondiente de la Asamblea Constituyente, sino agregado a último momento “de contrabando”, probablemente por instructivas del Palacio Quemado, que ya entonces pensaba en modalidades para distorsionar el principio del sufragio proporcional…