Carlos Herrera
¿Fue acertado liquidar la gran propiedad agrícola en el altiplano boliviano con la reforma agraria del 52? Yo creo que no, porque para terminar con las condiciones de servidumbre en la que vivían los campesinos, no era necesario liquidar la gran propiedad agrícola (que es el primer eslabón de la producción industrial agrícola moderna) sino hacer unos ajustes impositivos que hubieran inducido a una democratización de la propiedad rural de una forma infinitamente más constructiva que la mera repartija de la tierra a manos de quienes carecían de los recursos y el conocimiento para hacerlas productivas a gran escala.
En prueba de esta afirmación la realidad productiva actual del altiplano boliviano, con miles de hectáreas de tierra fértil y enormes cantidades de agua para irrigarla (almacenada en los glaciares de la Cordillera) pero con una productividad insignificante. Israel con la misma superficie exporta a Europa mil veces más… ¡y lo hace produciendo en un desierto!
Cargar contra la propiedad privada rural (y contra toda propiedad privada) por pura demagogia política, le ocasiona un enorme daño a la economía de los pueblos, porque así se espanta a los inversores que tienen la capacidad de hacer economía de escala (producir en grandes cantidades) y con ello se afecta el crecimiento y la producción de un país.
Se dirá que el latifundio no es ético en un mundo con millones de pobres y peor si no es productivo; es cierto, pero no es con leyes confiscatorias de la propiedad privada que se combate el latifundio, sino con impuestos, la forma más civilizada de regular la riqueza desproporcionada e improductiva. Nunca rompiendo el principio capitalista del respeto por la propiedad privada, es decir, nunca poniendo el concepto en situación de precariedad, ya que lo único que asegura el empleo y la productividad a gran escala, es la consolidación del derecho de propiedad.
La afirmación de que el agro en manos de empresarios modernos no trae empleo porque ellos tecnifican el proceso de producción puede ser parcialmente cierta, pero lo que ellos hacen para compensar la pérdida de empleo, es producir cien veces más que un campesino. Es decir, generan unos ingresos que luego pueden ser invertidos en otros rubros económicos, los cuales devienen a su vez en nuevos empleos.
Los problemas de inseguridad y avasallamiento que hoy tienen los productores agrícolas cruceños proceden de la omisión de los deberes por parte del Estado, pero también de normas ambiguas y demagógicas como las que definen el régimen agrario de infinidad de constituciones latinoamericanas: “las tierras son del dominio originario del Estado y a éste le corresponde la distribución agrupamiento y redistribución de las mismas”.
O “la expropiación se impone por causa de utilidad pública o cuando no cumple una función social calificada conforme a ley”, lo que muestra claramente que al final el derecho propietario de muchas de las tierras agrícolas en Latinoamérica, es precario.
Que haya expropiación por causa excepcional de utilidad pública es una cosa, pero lo de “función económica social”, definida en términos de “actividades agropecuarias económicas productivas… en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su propietario” suena ya a derecho real muy diluido. Mucho más si tal criterio lo emite el propio Estado a través de una resolución burocrática… ¡cada dos o cinco años!
Hay que entender también que toda esta legislación enemiga de la propiedad privada rural es fruto de la enorme influencia política que ha tenido la izquierda en Latinoamérica el último siglo, porque a ella no le interesa la prosperidad individual, sólo le interesa la prosperidad del Estado, que es la gran ubre de donde maman sus cuadros políticos y sus adeptos.
A la izquierda no le interesan los campesinos ni los productores, una prueba clara de esto son las prohibiciones de exportar que dañan no sólo a los exportadores, sino al sinnúmero de bolivianos que trabajan en la cadena de exportación: pequeños productores (léase campesinos) transportistas, ayudantes, vendedores de servicios, etc.
Sólo le interesa el poder y por eso su única destreza consiste en desarrollar elucubraciones ideológicas tendentes a encontrarle un rol político a ella misma, con afirmaciones como ”redistribución” o “justicia social” y por supuesto siempre a través de acciones del Estado.
Muchas de las elucubraciones acuñadas por la izquierda (explotación, lucha de clases, plusvalía robada, etc.) no sólo han demostrado ser inexactas, sino que son contradictorias de la propia modernidad; no tienden a unir a la sociedad, sino a disgregarla con rivalidades inventadas que hacen abstracción de la profunda verdad que las sociedades modernas son el fruto del trabajo asociado, del respeto a las normas democráticas, a los derechos de las personas, a la libertad, a la propiedad privada y al sistema capitalista de producción.
Así, cuando la izquierda arremete contra la gran propiedad agrícola utilizando el pretexto de la “función económico social”, no es el latifundio lo que le interesa evitar, tampoco le interesa la productividad de las tierras, sino ampliar la esfera de influencia del Estado, disponiendo de un recurso cada vez más escaso como la tierra; pero para fines políticos, no productivos. La izquierda no quiere una sociedad rica y educada, no quiere industria agrícola en bonanza; quiere una sociedad pobre y dócil a la voluntad de Estado y por eso afina la puntería para destruir a los sectores independientes que generan gran volumen de riqueza, sin que importe si en el camino deja a miles de bolivianos humildes en la calle y sin trabajo, o en la cárcel.
Hay que combatir también contra la idea que la tierra concentrada en pocas manos es un delito de lesa humanidad, de hecho a veces es lo mejor, porque entonces se forman grandes centros de producción que, o absorben la mano de obra del entorno dando mejores condiciones de vida a los campesinos, o crean relaciones comerciales de beneficio mutuo con ese entorno. El cooperativismo reafirma este aserto, porque los pequeños productores sólo son fuertes (consiguen crédito, firman contratos importantes, negocian precios, etc.) si su volumen de producción es considerable. En el mundo de la política suena bien lo de “pequeño productor”, pero en las ligas del comercio un pequeño productor sin gremio está desamparado.
Por eso mismo lo que debería importar más son las condiciones de vida de la gente, no si tiene o no un pedazo de tierra que muchas veces no le sirve de nada. Ahí está el Altiplano boliviano, todos tienen un pedazo de tierra, pero.. ¿qué de bueno ha traído eso?
Ponerle impuestos a la tierra y regularizar el derecho propietario con el fin de crear un mercado sano de tierras, es la mejor forma de democratizar la posesión de la tierra, porque entonces acceden a ella los que en verdad pueden hacerla productiva. Las cooperativas pueden también pujar por su compra. Eso es lo que se requiere en una sociedad moderna, inversión en la producción, que los que tienen el capital lo utilicen para generar mayor riqueza porque entonces el beneficio es general. Cuidado entonces con el discurso de la izquierda, no son los pobres lo que le interesa, ella sólo sabe levantar barreras a la producción y el trabajo, cuidando sin embargo de dar la imagen de que la pobreza le preocupa grandemente. No es así.
*Abogado