Un juez da luz verde en EEUU a proceso a Goni. El magistrado James Cohn se negó a desechar una demanda de familiares de víctimas de ‘octubre negro’.
Reacción. Carlos Sánchez Berzaín, el otro demandado, afirma que sorprendieron la buena fe del sistema . Cautela. Álvaro García Linera dijo ayer que espera que la noticia se confirme y termine la impunidad en EEUU.
Los que demandaron al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y al exministro Carlos Sánchez Berzaín pueden seguir adelante con su causa en Estados Unidos, bajo el marco de la Ley de Protección a las Víctimas de la tortura, según la valoración del juez federal de Florida, James Cohn. El especialista Juan Carlos Urenda considera que se ha admitido la demanda, lo que no implica una condena, pero puede haber juicio a Goni.
EEUU admite demanda contra Goni por muertes
ACUSAN AL EXPRESIDENTE. De 68 muertos que hubo en ‘octubre negro’, 10 familiares de ocho víctimas impulsan la causa que fue aceptada en Florida. Sánchez Berzaín los llama ‘operadores políticos’ del Gobierno de Evo
El expresidente solo habló de su salida del país en el documental Un minuto de silencio. Foto: Internet.
EL DEBER / El Nuevo Herald
Es una batalla legal ganada, no la guerra. Pero a 11 años de ‘octubre negro’, los familiares de algunas de las 68 víctimas de la represión militar del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada conseguieron que el juez federal de Florida (EEUU) James Cohn se niegue a desechar una demanda en contra de ‘Goni’ y de su exministro de Defensa en 2003, Carlos Sánchez Berzaín, por presuntas “violaciones a los derechos humanos” que involucran a las exautoridades refugiadas en Estados Unidos. Así lo reflejó ayer el diario El Nuevo Herald, de Miami.
“Han sorprendido la buena fe del sistema; es una decisión que solo les da la opción a seguir una causa ya rechazada anteriormente y que será apelada”, respondió a EL DEBER Sánchez Berzaín, que desconocía la noticia. Para el exministro de Defensa de Goni, hay un “reiterado intento de los operadores políticos vinculados al Gobierno actual de nuestro país” de usar la justicia de EEUU para continuar con la persecución. “No tengo ningún temor”, sostuvo el acusado.
Ante el caso, el Gobierno boliviano reaccionó cauto. “Esperemos que esto se confirme y que así se acabe la impunidad al delito que rige en la justicia de EEUU”, dijo ayer el vicepresidente Álvaro García Linera.
Cohn, que dictó su fallo el martes, valoró que los demandantes pueden seguir adelante con su causa en EEUU, bajo el marco de la ley de protección a las víctimas de la tortura. “Los dos (Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín), sin embargo, viven actualmente en este país”, dice el diario latino de Miami.
Heridas de octubre
La justicia de EEUU admitió la causa que articula dos demandas separadas de 2007 y de 2008, presentadas por ciudadanos bolivianos, que apuntan acusaciones en contra de Goni y del exministro de Defensa. Se trata de procesos iniciados a raíz de la intervención militar en El Alto (La Paz) ordenada por un decreto supremo en contra de manifestantes que reaccionaron frente a la versión de que Sánchez de Lozada pretendía vender gas a México y a EEUU, vía Chile.
En más de una década, la justicia boliviana no ha conseguido resultados en sus intentos por extraditar a ambas exautoridades, quienes siempre se declararon víctimas “de un proceso de sedición para derrocar al Gobierno constitucional” que derivó en un golpe de Estado con la renuncia del mandatario.
Los demandantes son Eloy Rojas Mamani, Etelvina Ramos Mamani, Sonia Espejo Villalobos, Hernán Apaza Cutipa, Juan Patricio Quispe Mamani, Teófilo Baltazar Cerro, Juana Valencia de Carvajal, Hermógenes Calisaya, Gonzalo Mamani Aguilar, y Felicidad Rosa Huanca Quispe.
Exigen justicia por las muertes de Marlene Nancy Rojas Ramos, Roxana Apaza Cutipa, Marcelino Carvajal Lucero, Teodosia Morales Mamani, Lucio Santos Gandarillas Ayala, Jacinto Bernabé Roque, Arturo Mamani Mamani, y Raúl Ramón Huanca Márquez. La decisión del juez implica que las víctimas podrían buscar una compensación económica por parte de los exfuncionarios bolivianos
El dictamen ayuda al tema económico
El objetivo es la extradición. El juez James Cohn considera que no es favorable la extradición de Goni.
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín apelarán la decisión judicial. Foto: Archivo
Iván Paredes Tamayo, EL DEBER
La luz verde que se encendió a la demanda contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín por los hechos de octubre de 2003 fue asumida con cautela. Las víctimas y dirigentes sindicales coinciden en que la decisión judicial de Estados Unidos es favorable para resarcir el daño económico a las víctimas, pero no ayuda a la extradición de las exautoridades, que radican desde 2003 en el país del norte.
El juez James Cohn, autoridad judicial del estado de Florida, Estados Unidos, elevó ayer un dictamen a favor de nueve demandantes bolivianos, quienes presentaron un proceso en el país del norte contra las exautoridades acusándolas de haber sido la parte intelectual de la denominada guerra del gas, que causó 63 muertes y que terminó con la huida del exmandatario.
El dirigente Roberto de la Cruz, que fue la cabeza de la protesta en El Alto en 2003, consideró que la resolución emitida por el juez Cohn es favorable para el resarcimiento de dinero para las víctimas, y no así para la extradición de Sánchez de Lozada y de Sánchez Berzaín. “Esta determinación no habla de extradición, eso nos preocupa, pero es bueno porque las víctimas podrían recibir dinero por el gravísimo daño que ocasionaron”, dijo.
Sobre el tema, el vicepresidente Álvaro García evitó dar un pronunciamiento oficial y añadió que evaluará el dictamen para comentar en los próximos días la posición que tendrá el Ejecutivo.
Es un paso importante
Al respecto, el abogado de las víctimas de octubre de 2003, Rogelio Mayta, consideró que la decisión judicial es un “paso importante” y que puede sentar un precedente para un futuro dictamen del juicio que aborde la extradición, tanto de Sánchez de Lozada como de Sánchez Berzaín.
El jurista explicó que la demanda presentada por las nueve víctimas acusa a las exautoridades de crímenes contra la humanidad y de ordenar a las fuerzas de seguridad bolivianas usar armas contra civiles.
En este proceso, el juez Cohn rechazó el pedido de extradición que hicieron las víctimas, ya que considera que en Bolivia las exautoridades no tendrán “ninguna oportunidad significativa para corregir sus presuntas violaciones de derechos humanos”, según revela el portal digital Miami New Times.
De la Cruz, exlíder de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, acotó que las víctimas mantienen la solicitud de extradición del expresidente. Esa versión también la maneja Mayta, quien augura el regreso de las exautoridades
Es relevante porque puede haber juicio
Juan Carlos Urenda – Abogado
El juez federal James Cohn simplemente ha admitido la demanda, lo que no quiere decir que está condenando al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, hoy residentes en Estados Unidos. Se ha admitido que tiene competencias para conocer la causa. Tenemos que esperar el desarrollo del proceso que se ventilará en tribunales de la justicia estadounidense. Es relevante porque abre una posibilidad pero no juzga a los acusados. Los demandantes bolivianos deberán probarle al juez que hubo responsabilidades directas y personales de las dos exautoridades en las muertes. Y, subrayo, no es nada más que la admisión de la demanda. No se puede dar un juicio de valor mientras no se desarrolle el proceso penal. Al admitir la causa, el juez no hace ningún juicio de valor sobre el fondo. Seguro que habrá muchas argumentaciones. Que el caso no tiene que ver con la jurisdicción de EEUU, seguro que será uno de los cientos de argumentos que presentará la defensa. La de EEUU es una justicia institucional, donde no hay lugar para injerencia política. Hablamos de un sistema institucionalizado
Perdimos tiempo con la extradición
Yerko Ilijic – Politólogo
En Estados Unidos (EEUU) hay una normativa que permite procesar a exmandatarios extranjeros que hubieran vulnerado los derechos humanos y, sobre todo, que se hubiesen visto ligados a genocidio. Hay un par de precedentes con dos expresidentes africanos a los que se pudo procesar. Seguramente, esa competencia avala la decisión.
Para el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, en 2007, un conjunto de activistas de derechos humanos estadounidenses sugirieron a una comitiva boliviana, encabezada por Sacha Llorenti, activar ese mecanismo legal antes que buscar el difícil camino de la extradición en una coyuntura de relaciones Bolivia-EEUU muy deteriorada. Desconozco los motivos que condujeron al Gobierno boliviano a seguir el camino que siguieron. No se puede determinar si se trató de un juego de cintura política gubernamental para prorrogar el proceso contra Sánchez de Lozada. Lo cierto es que se ha perdido siete años y muchos esfuerzos sin éxito para establecer una verdad jurídica sobre 2003.
Por eso, cuando el presidente Evo Morales o el vicepresidente Álvaro García Linera dicen que EEUU protege a delincuentes ambos se equivocan; lo que pasa es que no han activado los mecanismos adecuados. Quizá se pudo procesar por genocidio a ambos en suelo estadounidense hace mucho. Algo muy diferente es una extradición.
Habrá que revisar el estado del tratado de extradición entre Bolivia y EEUU. Habría que revisar si Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín tienen ciudadanía estadounidense, cosa que no me queda clara. Habría que revisar si ambos en su calidad de refugiados políticos tienen derechos similares a los de los ciudadanos estadounidenses, quienes difícilmente pueden ser extraditados por terceros países. Son consideraciones a tomar
Da fuerza al tema de la extradición
William Bascopé – Abogado
Es un proceso que si bien se deriva de lo que pasó en los hechos lamentables de octubre de 2013, esta es una demanda muy diferente, ya que pide un resarcimiento económico, mientras que en el otro caso, que se inició en Bolivia y que está tramitado por la Fiscalía General, se exige la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Sánchez Berzaín por el tema de las muertes. En este caso, las víctimas piden un resarcimiento de carácter civil, pero este proceso se instaló en la jurisdicción estadounidense. En ese contexto, la justicia de Estados Unidos evaluó los fundamentos alegados y se abre una posibilidad de que se califiquen los daños en el procedimiento de la justicia del país del norte.
Este proceso es muy diferente a lo referido por la extradición, ya que lo impulsa la Fiscalía General del Estado y esta es una acción de manera más directa, es decir, que las propias víctimas actuaron para buscar alguna compensación económica. Insisto en que son procesos totalmente distintos, que si bien son del mismo tema, son de alcances muy diferentes.
Ya hay una sentencia condenatoria en el tema de extradición, solamente estamos pidiendo que se cumplan los tratados vigentes que tenemos con Estados Unidos, pero de alguna manera puede ser un antecedente muy favorable, ya que si justamente la justicia de Estados Unidos fallase a favor de un resarcimiento, de alguna forma estaría dando fuerza al tema de la extradición porque la defensa de Sánchez de Lozada y de Sánchez Berzaín siempre fue acusar de que no hay garantías jurisdiccionales y respeto al debido proceso, pero imagínese que los jueces de Estados Unidos fallaran que si se tiene que resarcir de alguna forma está dando razón a la sentencia que se originó en Bolivia.
EL DEBER