El gobierno de Evo Morales realizó una difusión parcial del informe (de por sí incompleto) de la Onudc, omitiendo aspectos clave, como la persistencia del vínculo estructural entre la producción cocalera del Chapare y el narcotráfico.
El citado documento establece que el 92% de la coca del Trópico de Cochabamba va a parar fuera de los mercados legales, lo que en buen castellano significa que mayoritariamente es desviada a la fabricación de cocaína.
Esto incluso es corroborado por un senador oficialista, quien admite que en esa región hay 20 centros de acopio de coca, de los cuales solo uno es legal.
Lo más grave del asunto es que esta zona es considerada el feudo o bastión político de Evo Morales, quien sigue presidiendo la federación de sindicatos cocaleros que envía su producción al mercado negro dominado por el narcotráfico.
En otras latitudes, los sindicatos ligados al crimen organizado han sido considerados “mafias sindicales”, algo que sucedió en EEUU con los camioneros liderados por Jimmy Hoffa. Tal vez va siendo hora de aplicar esa tipificación a las organizaciones cocaleras del Chapare…