Agustín Echalar Ascarrunz
El Tribunal Supremo Electoral está pasando por una prueba no muy dura, y no le está yendo muy bien. El empadronamiento ha causado una serie de molestias a los ciudadanos y eso ha llevado a dudar del trabajo de esa institución que es tan importante para la vida del país. De paso, la semana pasada, como quien dice algo sobreentendido, ha recordado a la población, que para ser candidato a la presidencia o a la vicepresidencia se requiere hablar por lo menos dos idiomas: el castellano, la lengua de los conquistadores, y cualquiera de los otros 36 idiomas oficiales con los que cuenta el Estado Plurinacional. También ha recordado, en la misma lista de requisitos, que para candidatear se debe haber cumplido los 30 años el día de la votación (ese es el requisito No 1); y además, ser mayor de edad (requisito número 4). Me he quedado con la duda de si existen en la economía jurídica de nuestro país personas que tienen 30 años y que no son mayores de edad, tal parece que los del Tribunal Supremo Electoral están manejando esa categoría.
Pero, volvamos al asunto principal: la obligatoriedad que tienen los candidatos a hablar esos dos idiomas y, seamos justos, no es este un invento de los del Tribunal Electoral ni un capricho, es un mandato de la Constitución y están obligados a cumplirla. A menos que hagan como todo el mundo y simplemente la ignoren. Porque aclaremos, de acuerdo a la Constitución, es para ser funcionario público que se debe cumplir con ese requisito, y claro, eso no sucede en la administración pública (dicho sea de paso, también dice que se debe ser ciudadano boliviano, y eso tampoco sucede).
Es obvio que el problema está en esa Constitución tan llena de contradicciones, tan llena de artículos imposibles de cumplir y tan llena de redundancias que pudieron ser obviadas. Pues bien, ahora estamos en la circunstancia que obliga al Tribunal Supremo Electoral a obligar a su vez a que quienes se inscriben demuestren que hablan un idioma oficial boliviano, aparte del de la Madre Patria (si ,hay 36 idiomas oficiales, pero el castellano vale 36 veces más que cualquiera de los demás, de acuerdo a la Constitución de Evo).
Cabe preguntarse: primero, ¿qué se entiende por hablar un idioma? La respuesta solo viene estableciendo un parámetro que de ser serio, debería contar con un aval académico. En el caso del castellano es relativamente fácil, hay exámenes en distintas universidades del mundo que certifican el nivel de conocimiento y dominio de esa lengua. No tengo noticia de que haya algo similar con la mayoría de los idiomas oficiales de Bolivia (la dejadez del Estado plurinacional al respecto es verdaderamente sospechosa, sobre todo ahora que los niños en Bolivia, como dice el Vicepresidente, nacen con un fajo de dólares bajo el brazo).
Cabe preguntarse, además del nivel de conocimiento que será exigido, ¿quién tomará los exámenes?, y ¿cómo se determinará la idoneidad de los examinadores? No estoy seguro que haya el suficiente tiempo para armar este proceso, al menos de manera honesta, aunque indudablemente existe la posibilidad de tomar el atajo y determinar que hablar un idioma es poder decir cuatro frases en ese idioma y contar hasta 10. Algo que dicho sea de paso, no contradeciría el espíritu mismo de la Constitución de la Glorieta.
Y sí, con el tiempo se tendrá que llegar a la conclusión de que la Constitución deberá ser reformada, porque los artículos que dan obligatoriedad al uso de dos idiomas, terminan siendo discriminatorios, y no contra los privilegiados de siempre, que habiendo aprendido otros idiomas en la niñez fácilmente pueden adquirir uno más, sino contra los menos privilegiados que solo tuvieron una infancia monolingüe. Para ellos, aprender una segunda lengua en la edad adulta es mucho más difícil. Eso sí, lo dramático es que podemos sospechar que la próxima vez que se modifique la Constitución, sobre todo si el MAS tiene mayoría, no será para rectificar estos defectos, sino para introducir la re-re-reelección de su líder.
Página Siete – La Paz