Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile asumieron la determinación tras una reunión informativa con el canciller Heraldo Muñoz. La demanda boliviana no plantea la revisión de ningún tratado.
La Razón Digital / La Paz
El diputado Jorge Tarud. Foto archivo El Mercurio.
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile ratificó su respaldo a la estrategia que adoptó el gobierno de Michelle Bachelet para enfrentar la demanda marítima boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya y decidió iniciar una cruzada internacional con el argumento de que un fallo favorable a Bolivia pondría en riesgo las delimitaciones fronterizas avaladas mediante tratados.
El gobierno de Evo Morales explicó en reiteradas oportunidades que la demanda boliviana no toca el Tratado de 1904, que fijó los límites tras la guerra del Pacífico, sino que apunta a los compromisos asumidos por Santiago a lo largo de la historia para negociar una solución al diferendo arrastrado por más de 100 años.
El presidente de la comisión legislativa chilena, Jorge Tarud, informó sobre esa decisión de iniciar la cruzada luego de sostener una reunión informativa con el canciller Heraldo Muñoz y el agente Felipe Bulnes sobre la impugnación presentada a la competencia de la CIJ para tratar la demanda de Bolivia.
Dijo que una vez conocido los detalles de la estrategia, encararán una misión ante sus pares de otros países para hacer conocer la posición chilena y los potenciales riesgo de que un caso como el boliviano prospere. “Esa misión consiste en hacer entender la gravedad que significa una demanda como esta, que pretende violar los tratados existentes entre dos naciones”.
Según nota publicada en el portal digital Aqua.cl., consideró que de declararse competente la Corte, se abriría una vía de incertidumbre que significaría una verdadera alarma para toda la comunidad internacional, porque implicaría que cualquier tratado se puede revisar en sus alcances.
A su vez, el diputado Celso Morales destacó la unidad en torno al curso de acción chilena, aunque reconoció que la objeción no garantiza el éxito de la postura de su país.
Añadió que Muñoz planteó dos frentes de gestión: en el ámbito regional para dar a conocer la posición chilena y las facilidades otorgadas a Bolivia en el marco del Tratado de 1904, y otro ante países que tienen influencia con la Corte. “Esas dos fueron las implicancias más importantes que planteó el Canciller y que son las tareas que van a realizarse”, afirmó.
Bolivia presentó el 15 de abril de 2014 la Memoria, que contiene el sustento histórico-jurídico del proceso planteado ante la instancia internacional, tras – justificaron las autoridades- más de 100 años de diálogo sin resultados. Chile impugnó la competencia de la Corte y La Paz tiene hasta el 14 de noviembre para responder.
Muñoz insistió en que la CIJ no tiene jurisdicción porque el Pacto de Bogotá de 1948 establece que los tratados vigentes hasta antes de ese año no pueden ser recurridos ante esa instancia internacional.
El Tratado Americano de Soluciones Pacíficas establece en su artículo VI: “Tampoco podrán aplicarse dichos procedimientos a los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto”.