Ma. Del Carmen Morales de Prado
En la madrugada del 15 de abril del 2009, 4 sujetos (3 hombres y 1 mujer) colocan un artefacto explosivo en la puerta de la casa del Cardenal Julio Terrazas. Los daños materiales ocasionados por este explosivo no sobrepasaron los $us. 500. Cabe recalcar que no hubo víctimas fatales ni heridos en este hecho, solo daños materiales. Por este incidente el gobierno obliga a exiliarse a un juez por reclamar la jurisdicción y abre un proceso penal y acusa a 39 ciudadanos, en su mayoría cruceños. De estos ciudadanos, se mantienen hasta ahora detenidos preventivamente 9 de ellos en las cárceles de Palmasola de Santa Cruz y San Pedro de La Paz, 1 fue declarado interdicto, 1 con detención domiciliaria, 12 que se defiende en libertad, 1 detenido ilegalmente en el Uruguay y 18 que se exiliaron afortunadamente anticipándose a un proceso injusto y sometido a los caprichos del Ministro de Gobierno de turno y a la Vicepresidencia.Es tan absurdo este proceso de supuesto caso de terrorismo, que el gobierno trata contra viento y marea de sustentar, que su testigo clave (Ignacio Villa Vargas – El Viejo) revela que el mismo gobierno fue quien instruyó a Luis Clavijo, Walter Andrade y Marilyn Vargas la colocación del artefacto explosivo en la casa del Cardenal Julio Terrazas, y que el principal investigador del caso, el ex fiscal Marcelo Soza se fuga al Brasil y revela la injerencia del poder ejecutivo sobre el proceso y que fue obligado por el gobierno a inculpar a personas inocentes y fabricar pruebas, con el único fin de destruir a la oposición del oriente boliviano.40 familias (de 39 acusados y 1 Juez) afectadas por un crimen cometido por el mismo gobierno. Este proceso quedará en la historia de Bolivia por dos motivos. El primero, por la aberración jurídica, ya que es objeto de estudio en las diferentes facultades de derechos de varias universidades, donde se analizan las ilegalidades cometidas y por la injerencia política en el sistema judicial. El segundo, por las consecuencias jurídicas internacionales por las cuales Evo Morales y sus colaboradores serán enjuiciados por la Corte Internacional de Justicia por la ejecución ilegal de 3 ciudadanos europeos. Oscuros días que le esperan al caudillo cocalero que no tuvo reparos en autorizar el asalto al Hotel Las Américas.Por eso, he presentado mi candidatura a diputada uninominal por la circunscripción 51 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para denunciar, desde la Asamblea Nacional todas las arbitrariedades e ilegalidades cometidas por la Justicia, presionada por el Órgano Ejecutivo, violando los Derechos Constitucionales de los ciudadanos acusados para que no queden dudas del montaje y manipulación con el que se ha llevado adelante este proceso, para vergüenza de la Justicia Boliviana.