Argentina: Avanza el polémico proyecto para controlar a las empresas

Debate en el Senado El bloque K le dio dictamen de comisión, pese al rechazo opositor y de casi todo el empresariado. Sólo aceptó excluir a un sector de las pyme. La iniciativa oficial quedó lista para votarse el miércoles.

Precios bajo la lupa. Pichetto, jefe de los senadores K, conversa ayer con Costa y Capitanich, en el inicio del plenario de comisiones./DIEGO DIAZ

El oficialismo en el Senado avanzó ayer con la polémica batería de proyectos que contempla la reforma de la ley de abastecimiento y consiguió dictamen en un plenario de comisiones. Finalmente, tras la presión de la oposición y de sectores empresarios, el Gobierno debió hacer algunas modificaciones al texto original, aunque las críticas en torno al perfil intervencionista de la norma se mantuvieron, por lo que en la sesión del próximo miércoles deberá recurrir a sus votos y a los de sus aliados para aprobarla.



En la continuidad del debate iniciado la semana pasada en Asuntos Constitucionales, Derechos y Garantías, Presupuesto, Industria y Justicia y Asuntos Penales, volvieron a presentarse el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y los secretarios Julián Alvarez (Justicia) y Augusto Costa (Comercio). Esta vez los expositores fueron representantes de asociaciones de consumidores y juristas, además del vice de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja.

Desde temprano, el bloque K dio señales de que tras la caldeada reunión del jueves, en la que la reforma a la ley de abastecimiento recibió duras críticas de opositores y empresarios, el Gobierno iba a aceptar cambios menores. Así, tal como repasó Alvarez al final, en el dictamen se excluyó a las pyme del alcance de la ley “siempre que no detenten una posición dominante en el mercado”. Fue un punto que pidió la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Además, el Gobierno concedió quitar a la Secretaría de Comercio como autoridad de aplicación, aunque desde la oposición no se quedaron conformes porque esa potestad seguirá en manos del Ejecutivo. “Igual la Presidente va a decretar luego que sea el secretario de Comercio”, ironizó el jefe del bloque radical Gerardo Morales.

Otra modificación fue la eliminación de la “clausura definitiva”, prevista entre las sanciones a quienes violen la ley. Del mismo modo, la autoridad de aplicación deberá pedir “autorización judicial” para aplicar una clausura mayor de tres días o una inhabilitación especial de cinco años.

Aunque el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, destacó que hubo “un cambio estructural y central” en la norma, tanto la oposición como los principales sectores empresarios ratificaron su rechazo a la iniciativa oficial, alegando que mantiene el espíritu de control estatal sobre todo el proceso económico. De hecho, el radical Morales y Rubén Giustiniani (FAP-UNEN) coincidieron en reconer la “actitud” de aceptar modificaciones, aunque confirmaron su voto negativo.

Es que, pese a los cambios, el texto sigue sosteniendo que la autoridad de aplicación puede “intervenir en estados previos de la cadena de valor, sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios ”.

Asimismo, se mantiene el artículo que habilita al Ejecutivo a obligar a empresas a producir aún a pérdida, aunque en ese caso los empresarios podrán “pedir una compensación justa y oportuna”, según otro cambio introducido ayer. Y, al mismo tiempo, las empresas no estarán exceptuadas de brindar información sobre sus costos de producción y ganancias, aunque la autoridad de aplicación deberá mantener su carácter confidencial.

El representante de la UIA –entidad que no había sido invitada a exponer la semana pasada– consideró que “estas leyes perjudican a las empresas ”, al tiempo que cuestionó que las sanciones se “aplican de manera discrecional y no favorecen a la preservación de los derechos de los ciudadanos”.

Desde el plano legal también surgieron críticas. Los constitucionalistas Daniel Sabsay y Ricardo Gil Lavedra coincidieron al cuestionar la constitucionalidad de la iniciativa. “No resiste el simple análisis. Está destinada a ser rápidamente despedazada por la Justicia, como ocurrió con la reforma judicial”, opinó Sabsay. También recibió críticas la creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios para asistir a la Secretaría de Comercio en el relevamiento y monitoreo. En cambio, el proyecto que crea el fuero judicial del consumidor recibió apoyo de la oposición.