Llamó la atención, dentro de los discursos oficiales para este 6 de agosto, como de costumbre rimbombantes y auto-complacientes (mucho más en plena campaña electoral), la mención del vicepresidente Álvaro García Linera a la supuesta “década de oro” que estaría viviendo Bolivia.
Cierto que el país está inmerso en un ciclo económico positivo, no por mérito del régimen sino gracias a los precios internacionales de los hidrocarburos (fijados por el odiado mercado capitalista) y por obra de los denostados gobiernos anteriores (“neoliberales” en la jerga populista), que descubrieron reservas gasíferas y suscribieron convenios de exportación con países de la región.
Pero lo de la “década de oro” podría aplicarse con mucha mayor exactitud a la situación personal del segundo mandatario, si tenemos en cuenta las múltiples denuncias que pesan sobre él en materia de un presunto enriquecimiento ilícito, merced al tráfico de influencias que le facilitaría su cargo.
Es así que las versiones, indicios y documentos se han ido acumulando en los últimos tiempos, mostrando la formación de un grupo económico en torno a la familia del vicepresidente, que iría extendiendo sus tentáculos a través de las empresas privadas que tienen contratos con el Estado.
Pero si los tiempos de la era evista han sido una “década de oro” para unos cuantos, hay que remarcar que también han sido una “década perdida” en lo que a institucionalidad democrática y republicana se refiere…