Carlos Herrera*
¿Qué les deja como herencia a los países el populismo?
Una institucionalidad en harapos (fiscales persiguiendo políticos disidentes o magistrados que fallan según la voluntad del gobierno); economías en proceso de inflación creciente (de nada sirve tener los bolsillos llenos de dinero si este se devalúa rápidamente); un sector productivo en franca contracción (la mayoría de los créditos de la Banca son para consumo y comercio); una cultura sobre la naturaleza y la legitimidad de las leyes profundamente equivocada (porque en un sistema democrático las leyes sólo ganan su legitimidad si respetan los principios y valores democráticos) así como un cúmulo de creencias que rayan en la estupidez pura y simple (cómo es que los pueblos prosperan, por ejemplo).
Deja también países donde lo común es la fuerza como razón de los actos políticos; donde las personas creen más en la avivada criolla que en la rectitud y el trabajo; países donde lo más común es el atropello de los derechos ajenos, así como la ignorancia absoluta sobre los límites de los derechos propios.
¿Cómo es que se llega a semejante extremo de indiferencia por la razón y la sensatez política?
No es difícil de entender si examinamos con cuidado las ideas políticas y económicas que los latinoamericanos hemos adoptado a lo largo de la historia, como la negligencia e indiferencia con la que miramos el asunto de la educación nacional, donde mas que maestros tenemos predicadores fungiendo como tales.
Una de las más destructivas de esas ideas es la que dice que la prosperidad viene de la oportunidad más que del trabajo arduo, es decir, que hacerse rico es cosa de una jugada de dados inteligente (algo así como cambiar la Constitución o pegarle un manotazo a los inversionistas extranjeros) y que la riqueza es un asunto ya existente que sólo hay que distribuir de una forma más democrática. Un dato que reafirma este punto de vista es que, en el caso boliviano, no sólo fueron las masas campesinas o los sectores populares los que se embarcaron en la creencia de que una nueva Constitución (eliminando la que contenía los valores republicanos) iba a traernos mejores días: también se creyeron esta mentira las supuesta clase ilustrada nacional !la clases media! ¡Como si el bienestar material viniera por la simple promulgación de un decreto legal!
¿Cómo se justificaron las cosas entonces?
Por la falta de “justicia y de inclusión social”, una idea que insinuaba que dos tercios de la nación, esto es, que los campesinos y las empobrecidas mayorías ciudadanas no tenían los mismos derechos del otro tercio, y que por lo mismo no participaban de la riqueza ni de los beneficios económicos que la nación generaba. Geniales como siempre, los intelectuales de izquierda habían descubierto el lado flaco de la democracia liberal, la “exclusión social”; aunque se cuidaron muy bien de decirnos cómo puntualmente eran excluidos esos dos tercios, porque en lo referente a los derechos civiles y políticos todos éramos iguales en Bolivia desde hacía mucho tiempo, una prueba de lo cual es que el Presidente es un mestizo salido del mismo pueblo, lo mismo que los innumerables alcaldes indígenas a lo largo y ancho de la nación.
Y entonces y como corolario lógico de lo anterior, resucitó vigorosa (entre otras nefastas tonterías) la superada y funesta idea de que un grupo de ricos y de empresarios avariciosos se queda con la mayor porción de la torta económica, dejando deliberadamente a la mayoría fuera del disfrute de la pretendida “riqueza nacional”. No se nos pasó ni remotamente por la cabeza la idea de cuan necesario para los países es tener una burguesía próspera, porque nadie mejor que ella para promover la inversión y el empleo que hacen ricas a las sociedades modernas, es decir, para aumentar la torta.
No me refiero por supuesto a los avivados que han crecido a la sombra de la política y que hoy pasan por dignos hombres de negocios; sino a los miles de bolivianos que han hecho su fortuna con el esfuerzo de su trabajo, que día a día ponen sobre sus espaldas el riesgo que comporta toda inversión, así como que son responsables de dos tercios del empleo formal. La riqueza que un país genera (en servicios o en bienes) es fruto del trabajo concertado entre dueños de empresas, trabajadores, instituciones crediticias y proveedores externos. Unos proveen el dinero, otros lo invierten, otros lo administran, otros ejecutan las tareas operativas de producción y otros proveen los insumos necesarios para tal producción. No hay otra forma de crear riqueza. Sin esta combinación de factores no es posible nada.
¿Fue inteligente entonces poner las cosas como excluyentes, como que la burguesía es solamente explotadora del pueblo? ¿No era mejor hacer el esfuerzo por entender las cosas con mayor objetividad y asumir la idea de que la riqueza proviene del trabajo asociado y que esto mismo es lo que promueve la superación de las condiciones generales de vida? ¿Y deducir entonces que la riqueza es algo que puede crecer en la medida del trabajo y la inversión, y que por lo mismo es preciso proteger y promover (en vez de liquidarlas) las ideas de propiedad privada y de ganancia legítima?
Fue por esta ausencia de luz para ver las cosas como realmente son que varios países latinoamericanos, en entusiasta comparsa y sin advertir los peligros que ello implicaba, promovieron hace ya buenos años un cambio de sus constituciones, sin darse cuenta que la famosa idea de “exclusión social” respondía única y exclusivamente a un discurso interesado y que la misma se debía más a la pobreza nacional que a la maleficencia burguesa, y que para combatirla con eficacia no era necesario tirar la casa abajo (las constituciones democrático-liberales antiguas) sino darle unos brochazos aquí y allá.
¿Que no es cierto esto? Corramos la apuesta. ¿Adonde sino tendremos que reconducir la legalidad una vez pase este tsunami populista en Latinoamérica, que no sea a lo que teníamos antes, esto es, a instaurar de nuevo democracias liberales que garanticen las libertades, los derechos de propiedad, y que obliguen a las autoridades políticas a someterse a la legalidad democrática? ¿O es acaso con inflación; constituciones que concentran el Poder; autoridades abusivas que atropellan la legalidad llenando las cárceles de opositores como en Cuba y Venezuela, o enviando al exilio a decenas de personas como en Ecuador, Bolivia y Nicaragua; con prohibiciones a la exportación; controles de precios; subsidios políticos; o estatizando la economía y atemorizando a la inversión, que las cosas pueden mejorar?
*Abogado