Susana Seleme Antelo
“En un Estado donde todo se concentra en el Órgano Ejecutivo y se impone la voluntad del gobernante de turno… al margen de las reglas democráticas que suponen el Estado constitucional de derecho, no puede haber un Poder Judicial independiente, imparcial, creíble y fortalecido”, afirma el abogado constitucionalista William Herrera Áñez. En un exhaustivo estudio sobre el tema, señala que “la crisis de la justicia en Bolivia es una crisis del Estado Plurinacional… es un reflejo de la fragilidad del Estado y de la profunda insatisfacción de la sociedad con la actuación del Órgano Judicial, así como su creciente déficit de legitimidad…”.
El actual poder político concentrador “erosiona el sistema democrático, el pluralismo político, impide la independencia del Poder Judicial, la transparencia de la cosa pública, facilita la corrupción” y “la retardación de justicia” por ineficacia e impotencia institucional, apunta Herrera. Si antes la justicia funcionaba mal, nunca como hoy, hecho que reconoce hasta el presidente-candidato Evo Morales. “Él ostenta la jefatura del partido en función de Gobierno y, de hecho, se torna en el principio y el fin de la causa partidaria”, agrega el autor. Así, Gobierno y Estado se convierten en un concepto unívoco, pese a sus diferencias en tiempo y contenido, al que incorporan el partido que pretenden único: el Movimiento Al Socialismo.
En la autoritaria Bolivia de Morales, la justicia mira con ojos depredadores para “aplastar” -dice el ‘vice’- a sus adversarios, lo que ha producido la judicialización de la política con cientos de presos, perseguidos y más de 700 exiliados políticos por delitos fraguados. El complot con carátula judicial de terrorismo-separatismo para destruir a la oposición autonomista del oriente es una prueba de politización de la justicia. Las declaraciones de exautoridades del Ministerio de Gobierno, hoy presas por extorsión, reconfirman las sospechas: todo fue urdido desde las más altas esferas del régimen. La verdad es que un comando de élite de la Policía asesinó a tres personas, el 16 de abril de 2009, acto de terrorismo de Estado, como el montado en Porvenir, como la represión en Chaparina y otros lugares.
El régimen socapa a los autores intelectuales y materiales para callar la verdad. En realidad, la justicia y el poder político están carcomidos por la ausencia de institucionalidad democrática, por la corrupción y la impunidad. Es el resultado del paso de un “Estado Republicano al Estado Plurinacional”, como apunta Herrera Áñez.
El Deber – Santa Cruz