Educación. Al menos 60 profesores fueron expulsados del sistema por abuso sexual.
Maestro imputado por violencia no podrá postular a direcciones
Entrevista. El ministro de Educación, Roberto Aguilar (izq.), habló ayer con medios estatales. ABI.
La Razón / La Paz, Bolivia
Los profesores con una imputación o sentencia ejecutoriada por violencia intrafamiliar o contra la mujer no podrán postularse y ejercer seis tipos de cargos directivos, por decisión del Ministerio de Educación. La dirigencia de los maestros urbanos informó que la medida fue consensuada.
El ministro de Educación, Roberto Aguilar, indicó ayer que la decisión fue tomada al amparo de la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia que, entre otros aspectos, señala como condición para acceder a un cargo público, que el solicitante no cuente con antecedentes de violencia contra una mujer o cualquier miembro de su familia.
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“Para la postulación a cargos jerárquicos sí se impide y se excluye (a vinculados con ese hecho), pero no al ascenso de categoría, porque es la sentencia ejecutoriada la que determinará la sanción penal, y la sanción administrativa”, aclaró ayer la autoridad gubernamental en una entrevista con los medios de comunicación estatales.
Cerca de 25.000 profesores postulan cada año a cargos de directores de unidades educativas, directores distritales, directores de núcleo, subdirectores o directores departamentales, explicó el viceministro de Educación Regular, Juan José Quiroz.
La convocatoria para esos cargos, publicada ayer, refiere: “Los postulantes que tengan imputaciones (fija responsabilidades de los acusados) o sentencia ejecutoriada por actos de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, no podrán ejercer ni acceder a los cargos directivos de institucionalización del sistema educativo…”.
El ejecutivo de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, Ciro Bozo, consideró necesario el inédito veto y sostuvo que cuenta con el apoyo de su sector. “Hemos sido parte coadyuvante del trabajo de estas convocatorias, con algunas observaciones que se podrán salvar con la reglamentación (de los próximos días)”.
El parágrafo I del artículo 13 de la Ley 348 establece las restricciones para acceder a cargos públicos, pero solo en caso de sentencia con calidad de cosa juzgada. El ministro Aguilar calificó como “novedoso” y “contundente” el requisito para los profesores interesados en ocupar alguno de los cargos de dirección en su ramo. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) reportó que en lo que va del año atendió 26.775 casos de violencia, de los que el 90% tienen a la mujer como víctima.
Según el cronograma de la convocatoria a ocupar direcciones, los postulantes darán un examen el 20 de diciembre; en enero de 2015 presentarán los documentos, en los que incluirán calificación de méritos, proyectos y la declaración jurada, entre otros. “No deben tener ningún proceso penal, ni administrativo, ni sindical”, añadió el viceministro Quiroz.
El director del Distrito 2 de La Paz, Álvaro Villca, informó que extraoficialmente conoce de la anulación automática de los postulantes que tengan un proceso. Recordó que la dirigencia del sector cuestionó en el pasado la postulación de personas observadas. “Esta posición fue trabajada por problemas que se presentaron en esta gestión”.
Exclusión Aguilar explicó que en casos de violencia sexual el profesor imputado es expulsado del sistema educativo de forma inmediata. “Maestro con imputación o sentencia ejecutoriada por cualquier aspecto relacionado con violencia sexual no permanece en el sistema educativo”.
Al menos 60 profesores fueron expulsados por violencia sexual; la mayoría reportados en las áreas rurales. “Casos dramáticos, donde un profesor, un director que había cometido un acto de acoso o de violación, de pronto se diluía en el mar de juicios y no pasó nada, y de pronto reaparecía en algún lugar dictando clases”. La activista en Derechos Humanos Patricia Bráñez subrayó que queda esperar que la medida sea cumplida.
Adecuación de normas
Medida
La restricción obedece a la actualización de las condiciones para postular a un cargo de dirección en educación.
Ministra sugiere ampliar las restricciones
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, sugirió que un decreto supremo restrinja el ingreso de personas con antecedentes de violencia familiar a la administración pública, a cargos en Educación, en la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA). “En Bolivia es necesaria una norma que impida que personas con antecedentes (…) accedan a cargos en todos los órganos del Estado”, señaló a través de su cuenta de Twitter, según informó la agencia ABI.
El Ministerio de Gobierno aprobó una directriz para evitar que miembros de la Policía con antecedentes de violencia contra la mujer puedan acceder al ascenso de grado. Además, no podrán ocupar cargos superiores. La Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia establece en su artículo 81 que se podrá aplicar la sanción de inhabilitación a quien haya sido sancionado por delitos de violencia hacia las mujeres.
El ámbito de la inhabilitación será en el área de educación, cuidado y atención de personas, atención médica, psicológica, consejería o asesoramiento, cargo administrativo en universidades o unidades educativas, instituciones deportivas, militares, policiales. El ministro de Educación, Roberto Aguilar, dio a conocer ayer la decisión de vetar la postulación a cargos de dirección a los profesores que tengan una imputación o sentencia por violencia intrafamiliar o contra las mujeres.
Fiscalizarán la tercera beca
Ante denuncias de padres de familia de que no se cumple la disposición de una beca para el tercer hijo en una unidad educativa privada, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, adelantó que se hará una evaluación con los propietarios de los establecimientos. Recordó que la Resolución 001, que reglamenta el funcionamiento de las escuelas públicas, privadas y de convenio, determina la vigencia de este beneficio. “El tercer hijo tiene derecho a la tercera beca”, sostuvo Aguilar.
Trabajan en la prevención
La temática de violencia intrafamiliar es parte de la enseñanza en las unidades educativas, pero requiere un mayor trabajo, informó ayer el ministro Roberto Aguilar. “Requerimos de mayor fuerza”, admitió la autoridad, y recordó que en principio se coordinó con instituciones que ven el tema de bullying, violencia de profesores hacia los alumnos y violencia intrafamiliar. Agregó que ahora los nuevos maestros trabajan en temas de prevención para identificar casos de este tipo.
Al menos 60 maestros fueron excluidos por violencia sexual
Las personas procesadas penalmente no podrán postular a cargos. A los profesores que deseen postular al cargo de director de establecimientos educativos se les pedirá declaración jurada para conocer sus antecedentes.
Página Siete / La Paz
El ministro de Educación, Roberto Aguilar, dijo ayer que alrededor de 60 maestros fueron excluidos del sistema educativo durante los últimos años por cometer delitos de violencia sexual contra estudiantes.
«Los casos de violencia sexual son de inmediata expulsión del sistema educativo. Si hay superposición de derechos, si alguien fue denunciado o hay sospechas de conducta o enfermedad vinculada a la violencia sexual, lo excluimos. Si la sentencia dice que es inocente, vuelve al sistema”, explicó Aguilar, según ERBOL.
La autoridad señaló que una sentencia ejecutoriada determinará sobre una sanción de carácter penal y sobre esa el Ministerio de Educación actuará para establecer la sanción administrativa. «Por ejemplo, si el tema ha derivado en la detención del maestro porque la agresión ha causado un daño físico permanente, la sentencia ejecutoriada hace que se lo excluya del sistema educativo. Y si fue un caso de violencia sin daño permanente vamos a esperar lo que diga el juez”, precisó.
La autoridad indicó que los maestros que tengan una sentencia ejecutoriada, ya sea por violencia de tipo sexual o intrafamiliar, no podrán postularse a ningún cargo. «Incorporamos el artículo 348, todo aquel maestro que tenga imputación no podrá postularse a ningún cargo directivo”, enfatizó el ministro.
Según un informe oficial, entre enero de 2012 y septiembre de 2013, el Ministerio de Educación ya había registrado 72 procesos penales contra profesores por violencia sexual hacia sus estudiantes. De ellos, 23 docentes fueron suspendidos de sus cargos después de conocerse las imputaciones formales.
Aguilar indicó que se pedirá una declaración jurada a los postulantes para conocer qué tipo de antecedentes tiene la persona. «La sociedad va a poder identificar qué personas tienen imputación o sentencia”, añadió.
Un informe de Unicef recuerda que la violencia y la discriminación contra las niñas y las mujeres subyacen en la cultura bajo un manto de igualdad entre los géneros como base de la violencia. Señala que hace falta mucho por hacer para promover transformaciones que garanticen a las niñas una vida sin violencia.
El Ministro de Educación está convencido que si no se actúa de manera drástica cuando se detectan casos de violencia sexual, nunca se producirá un cambio. «Debemos trabajar en lo curricular, pero también necesitamos actividades extracurriculares, como ferias y eventos para socializar. Este aspecto será el más contundente”, subrayó.
Indicó que en la última época el Gobierno trabajó en la parte curricular para incorporar componentes básicos de lucha contra la violencia entre profesor y estudiante.