El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge von Borries, informó que el gobierno de Perú y la defensa de Martín Belaunde deben presentar en el plazo abierto las pruebas de cargos y descargo que serán evaluados para viabilizar o rechazar la extradición.
La Razón Digital / La Paz
Martín Belaúnde (centro) flanqueado por sus asesores legales, en un hotel de Santa Cruz. Foto Iván Condori.
El Gobierno del Perú y la defensa de Martín Belaunde tienen 60 días para presentar pruebas de cargo y descargo, respectivamente, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para la definición sobre su extradición o no, luego de que la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) rechazara su pedido de refugio, informó el presidente de la máxima instancia judicial, Jorge von Borries.
«El Gobierno peruano, la Justicia peruana, ha pedido la extradición y para comenzar la extradición pide como medida preventiva la detención del señor Belaunde, para que no fugue, entonces, se ha dispuesto su detención domiciliaria«, explicó cuatro días después de que se le negara el pedido de refugio y abriera un plazo de 15 días para la apelación.
El ciudadano peruano es buscado en su país por la comisión de los presuntos delitos contra la administración pública, peculado (malversación de fondos públicos) y asociación ilícita para delinquir. Su defensa, Jorge Valda, informó que apelará la decisión de la Conare debido a la no valoración completa de los documentos presentados junto a la solicitud.
El ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, informó el domingo del refuerzo de la custodia policial de quien guarda detención domiciliaria en la vivienda de uno de sus parientes políticos, en Baja Llojeta. Adelantó que Bolivia lo entregará a su país de ser negada la apelación.
Von Borries aclaró que el caso tiene dos vertientes, una por la vía Judicial y otra en la Conare.
“ Tiene 60 días tanto el Gobierno peruano como la defensa de Belaunde para presentar pruebas y desvirtuar las pruebas; en base a ello, el Tribunal Supremo de Justicia tendrá que dictar ya una resolución con la extradición o la no extradición. Primero las pruebas, antes no podemos dictar nada», explicó poco después de participar de la posesión de los 18 legisladores supraestatales, entre titulares y suplentes.