Marcelo Ostria Trigo
Los funcionarios públicos renuncian por diversas causas; los presidentes y jerarcas no son la excepción. Una renuncia resonante fue la del presidente de Estados Unidos, Richard M. Nixon, en agosto de 1974, por una incursión ilegal de sus seguidores en las oficinas del Partido Demócrata. En los últimos 40 años, en nuestra región dimitieron –no se incluyen a los ‘renunciados’– en la Argentina, Héctor J. Cámpora (1973), Raúl Ricardo Alfonsín (1989) y Fernando de la Rúa (2001); en Brasil, Fernando Collor de Mello (1992); en Guatemala Jorge Serrano Elías (1993); en Paraguay Raúl Cubas (1999) y, en 2000, Alberto Fujimori, tras diez años en el poder en Perú. En Bolivia, el último en renunciar en más de medio siglo (el presidente Enrique Hertzog G. dimitió en 1948), fue Carlos D. Mesa (2005) que, agobiado y huérfano de apoyo, renunció en 2005.Pero hay empecinados que, pese a encaminarse al desastre, enfrentados al clamor popular se resisten a renunciar. Es el caso del presidente venezolano, corresponsable de una crisis terrible. También hay dolor y descontento en México; primero, por el pobre desempeño del Gobierno en el caso de la desaparición de 43 estudiantes –luego se sabría de su horroroso asesinato– y por las suntuosas mansiones adquiridas por el presidente. Ya se oyen pedidos de renuncia.Un nuevo escándalo sacude a la Argentina. Un fiscal muere violentamente horas antes de presentarse en el Congreso para revelar el resultado de sus investigaciones sobre los acuerdos del Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el de Irán, que dejarían impune el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que cobró la vida de 85 personas (entre ellos seis trabajadores bolivianos); crimen atribuido al Gobierno de los ayatolás.Fernández de Kirchner acusó el golpe. Escribe cartas en las redes sociales, lanza hipótesis y argumentos, se contradice, se desvía de su papel de jefe del Ejecutivo e interfiere en las investigaciones que corresponden a la justicia. No sorprende, entonces, que la popularidad de la presidenta y la de su Gobierno populista, cercano al chavismo, se haya derrumbado –así lo muestran las encuestas. Este es uno de los casos en que la dimisión de un presidente y su entorno es una obligación moral.A propósito: Hay otros que también deberían marcharse. Si no lo hacen por nuestra desidia, en el futuro se podrá decir –como lo hizo George Santayana–, que quienes no recuerdan un pasado ominoso “están condenados a repetirlo”.El Deber – Santa Cruz