Fiscalía espera acordar otros cinco condenas en caso Rózsa-terrorismo

Al igual que Villa Vargas, Kudelka, Tóásó y Tadic, cinco acusados de terrorismo en Bolivia han adelantado su intención de acogerse al procedimiento abreviado en los próximos días. Abogado rechaza el planteo y lamentó que la justicia aliente a “extorsiones abreviadas” de los acusados para lograr su libertad.

Fiscalía espera acordar otros cinco juicios en Terrorismo I

imageLos juicios abreviados le dieron un giro al proceso por supuesto terrorismo. ABI



Luego de que los cuatro acusados en el juicio por el caso Terrorismo I, que se ventila desde 2008, se declararan culpables de los delitos por los que se los procesa, cinco detenidos más por el mismo caso anunciarán la intención de beneficiarse con un juicio abreviado.

Pero la negociación aún no se plasmó en ningún acuerdo con el Ministerio Público para que se resuelva el procedimiento abreviado.

“En el proceso ordinario, faltan 5 o 6 (personas) por fundamentar su defensa y luego viene la fase de producción de pruebas para entrar a alegatos y sentencia. Hay la intención de llegar a un procedimiento abreviado. Pero eso se tiene que plasmar en un acuerdo.

La intención es una cosa y otra es la real y objetiva solicitud de procedimiento abreviado, plasmado en un acuerdo entre el fiscal, el imputado y su abogado”, declaró ayer a EL DEBER el fiscal de materia que lleva el caso, Marco Antonio Rodríguez.

Desde el 13 hasta el 20 de febrero, el caso Terrorismo I, que involucró a decenas de personas en un acto divisionista encabezado por el boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, tomó un nuevo rumbo.

Primero, el testigo clave del caso, Ignacio Villa Vargas El Viejo, decidió beneficiarse con un juicio abreviado y se declaró culpable de los delitos imputados de terrorismo en el grado de complicidad y fue condenado a ocho años de cárcel.

Más tarde harían lo mismo el húngaro Elöd Tóásó y el boliviano-croata Mario Tadic, quienes recibieron una condena de cinco años y 10 meses, además de Juan Kudelka, condenado a seis años y nueve meses.

Para salir en libertad, estos sentenciados tienen que hacer un trámite ante un juez de ejecución penal que contabilizará el cumplimiento de la condena de cada uno de ellos.

El fiscal Rodríguez, sin embargo, fue cauto en describir los nombres de quienes estarían por negociar su inculpación penal debido a represalias dentro de la misma cárcel.

Rechazo

Sin embargo, el abogado Gary Prado, desde Santa Cruz, desmintió la posibilidad de otro inculpado y lamentó que la justicia aliente a “extorsiones abreviadas” de los acusados para lograr su libertad.

“Lo que hemos vivido ahora son extorsiones abreviadas. A los demás, van a seguir negándoles su derecho a defenderse en libertad para que la cárcel siga siendo un mecanismo de presión. Ayer conversamos con tres de los detenidos y con la esposa de uno que está en Beni a quien represento. Y los cuatro han expresado que no se van a someter al juicio abreviado y que van a seguir sosteniendo su derecho a defenderse de esta ignominiosa acusación”, dijo en Santa Cruz.

Por su parte, el senador y ex ministro de Gobierno Carlos Romero dijo que era importante para los imputados la aplicación de la Ley 586.

Por último, dijo que estos procesos “cierran la posibilida de poner en cuestionamiento la existencia o no de este hecho terrorista, de alzamiento armado”.

Fuente. EL DEBER