En la página web de la Contraloría General del Estado no figura los ministros de Gobierno, Hugo Moldiz, y de Minería, César Navarro.
2 nuevos ministros tienen patrimonio de Bs 2 millones
En la página web de la Contraloría no aparece la declaración de Hugo Moldiz.
Página Siete / La Paz
Los nuevos ministros de Planificación, René Orellana, y de Autonomías, Hugo Siles, tienen patrimonios de más de dos millones de bolivianos, fortuna similar a la del canciller David Choquehuanca, según la declaración jurada que presentaron ante la Contraloría General del Estado (CGE).
Orellana registró un patrimonio de 2.608.624 bolivianos, tiene una deuda de 304. 569 bolivianos y su renta es de 315.131.
Mientras su colega de Autonomía, Hugo Siles, informó a la Contraloría que su patrimonio asciende a 2.007.790 bolivianos, que no tiene ninguna deuda y que su renta (ingreso anual) es de 489.200 bolivianos.
El canciller Choquehuanca, quien fue ratificado por décimo año consecutivo el pasado 22 de enero, tiene un patrimonio de 2.427.232 bolivianos y su deuda es de 140.000 bolivianos.
Contrariamente, las autoridades con menor patrimonio son el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, que declara tener 15.200 bolivianos, y la nueva ministra de Salud Ariana Campero, que dice tener 40.000 bolivianos. Ambos no registran deudas.
La exdiputada y ahora ministra de Comunicación, Marianela Paco, no cuenta con un patrimonio, pero tiene una deuda que asciende a 307.300 bolivianos.
La página web de la Contraloría General del Estado no muestra los patrimonios de los ministros de Gobierno, Hugo Moldiz, y de Minería, César Navarro.
De acuerdo al artículo 125 de la Constitución Política del Estado, «son obligaciones de las servidoras y servidores públicos (…) prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo”.
Asimismo, el artículo 53 del Estatuto del Funcionario Público indica que «todos los servidores públicos, cualesquiera sea su condición, jerarquía, calidad o categoría, están obligados a prestar declaraciones expresas sobre los bienes y rentas que tuvieren a momento de iniciar su relación laboral con la administración” pública.