Gabinete de Evo: canciller y dos de los nuevos ministros tienen patrimonio superior a Bs 2 millones


En la página web de la Contraloría General del Estado no figura los ministros de Gobierno, Hugo Moldiz, y de Minería, César Navarro.

2 nuevos ministros tienen patrimonio de Bs 2 millones

En la página web de la Contraloría no aparece la declaración de Hugo Moldiz.

Página Siete / La Paz



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Los nuevos ministros de Planificación, René Orellana, y de Autonomías, Hugo Siles, tienen  patrimonios de más de dos millones de bolivianos,  fortuna similar a la del canciller David Choquehuanca, según la declaración jurada que presentaron ante la Contraloría General del Estado (CGE).

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Orellana registró un patrimonio de 2.608.624 bolivianos, tiene una deuda de 304. 569 bolivianos y su renta es de 315.131.

  Mientras su colega de Autonomía,  Hugo Siles, informó a la Contraloría que su patrimonio asciende a 2.007.790 bolivianos, que no tiene ninguna deuda y que su renta (ingreso anual) es de 489.200 bolivianos.

El  canciller Choquehuanca, quien fue ratificado   por décimo año consecutivo el pasado 22 de enero, tiene un patrimonio de 2.427.232 bolivianos y su deuda es de 140.000 bolivianos.

Contrariamente, las autoridades con menor patrimonio son el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, que declara tener 15.200 bolivianos,   y la nueva ministra de Salud Ariana Campero, que dice tener 40.000 bolivianos. Ambos no registran deudas.

La exdiputada y ahora ministra de Comunicación, Marianela Paco, no cuenta con un patrimonio, pero tiene una deuda que asciende a 307.300 bolivianos.

La página web de la Contraloría General del Estado  no muestra los patrimonios de los ministros de Gobierno, Hugo Moldiz, y  de  Minería, César Navarro.

  De acuerdo al artículo 125 de la Constitución Política del Estado, «son obligaciones de las servidoras y servidores públicos (…) prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo”.

Asimismo, el artículo 53 del Estatuto del Funcionario Público indica que «todos los servidores públicos, cualesquiera sea su condición, jerarquía, calidad o categoría, están obligados a prestar declaraciones expresas sobre los bienes y rentas que tuvieren a momento de iniciar su relación laboral con la administración” pública.