Roberto Méndez*
La incautación nada menos de 200 kilos de cocaína en el maletero de un automóvil que se trasladaba a Santa Cruz procedente de la zona cocalera de El Chapare y por los alrededores del narcoeje Yapacaní-San Germán y Nuevo Horizonte, ha coincidido con las declaraciones del flamante ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, en el sentido que sin necesidad que la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA) vuelva, piensan intercambiar información sobre los tentáculos del narcotráfico en Bolivia.Tras su participación en el programa dominical «El pueblo es noticia», que se difunde por Bolivia TV y la Red Patria Nueva, Moldiz dio una conferencia de prensa donde aclaró que el presidente Evo Morales “dijo que sobrevolando detectó pozas de maceración, no cultivos de coca”.“En Bolivia la tendencia es la reducción mayor de cultivos de coca, con resultados inmensamente superiores a otros países (…) hay mucho por hacer en dos direcciones, por un lado en seguir consolidando la lucha contra el narcotráfico y también planteándole (a EEUU) la necesidad de trabajar juntos porque una cosa es la presencia (de la DEA) y otra el intercambio de información”, apuntó.Pero los hechos superan a las declaraciones y afirmaciones que en Bolivia no operan carteles del narcotráfico, pues la incautación de los 200 kilos de cocaína solamente son la punta del iceberg, pues hay un hecho cierto e innegable: el narcotráfico nos está asfixiando.Porque el descubrimiento de los 200 kilos de cocaína se suman al decomiso de 300 kilos de cocaína en julio del 2014, en una pista clandestina en Yacuiba, frontera con la Argentina, a bordo de una «narcoavioneta», a la confiscación de 128 kilos de cocaína en varios operativos realizados la segunda semana de enero, así como al hallazgo de una camioneta enfangada con 102 kilos de «pilcha» en la ruta al Beni, entre Pailón y San José de Chiquitos, rumbo al Brasil.Y para nadie es desconocido que esa actividad ilícita ha disparado la inseguridad en Santa Cruz, donde principalmente donde el 2012 se registraron 12 ajustes de cuentas, el 2013, 24 y el 2014, 22, vinculadas a sicarios a sueldo y ahora interrogan a un piloto de la FAB sospechosamente «secuestrado».Hace seis años, el Gobierno boliviano expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg, el 10 de septiembre de 2008. Dos días después, el 12 de septiembre, el Gobierno de EEUU hizo lo mismo con el embajador de Bolivia, Gustavo Guzmán.Posteriormente, se expulsó del país a la DEA y a la Agencia de Cooperación Internacional de los EEUU (USAID).En su última declaración, Goldberg calificó como “un grave error” la decisión de Morales y aseguró que las acusaciones de conspiración vertidas por el mandatario contra Estados Unidos y contra él son “infamias completamente falsas e injustificadas”.“Estoy saliendo del país con el honor de haber sido parte de un esfuerzo loable. Trabajé para apoyar la democracia y el desarrollo de Bolivia respaldando la lucha contra la pobreza y a favor de la inclusión de todos los bolivianos”, subrayó el diplomático.Sin embargo, el 7 de noviembre de 2011 ambos países firmaron un convenio marco, que tiene como base el respeto mutuo y la responsabilidad compartida, en una especie de ponerle paños fríos a una tensa relación originada por diferencias de visiones, entre el capitalismo-liberalismo de Estados Unidos y el socialismo-indigenismo que impulsa el a su vez, jefe de las seis federaciones de coca del Chapare y actual presidente Evo Morales, que lleva 9 años en el poder.Por eso creemos que si se gobierna escuchando al pueblo y haciendo una lectura de los hechos concretos, se hace necesario establecer una alianza no solo con la DEA si no con todas las entidades de seguridad de países vecinos y de todo el mundo para frenar el narcotráfico.Y si tiene que venir Superman o el mismo Chapulín, también hay que pedirlos, porque alguien nos tiene que salvar…*Autor del libro Pena de Muerte II: Sicarios y PoderEl Día – Santa Cruz