Justicia a la carta. Esa podría ser la mejor definición de la situación actual en el sistema judicial boliviano, reducido a la absoluta funcionalidad respecto a los intereses circunstanciales del partido de gobierno.El oficialismo mostraba una performance bastante debilitada de cara a los comicios regionales del 29 de marzo, de manera que los operadores jurídicos del Ejecutivo decidieron pisar el acelerador del caso Rozsa en los tribunales, el montaje de “terrorismo separatista” con el que se buscó neutralizar a la oposición autonomista en el oriente del país.¿El objetivo? Por una parte, poner en problemas al principal candidato opositor en la Gobernación cruceña, a quien los prisioneros políticos del gobierno decidieron inculpar en el caso como precio para su liberación.Por otro lado, se pretende contar con una herramienta de presión hacia empresarios de la región, mediante la acusación a cámaras corporativas y a las cooperativas cruceñas, lo que podría redituar en cierta recaudación forzosa de fondos para campaña.De manera que estaríamos no solo ante un Terrorismo III, sino también frente a un Extorsión II…[email protected]