Moira Sandoval Calvimonte*
El caso del periodista Carlos Quisbert, indebidamente detenido, indebidamente procesado -motivo por el cual se declaró procedente la acción de libertad- es un símbolo de amedrentamiento a la prensa, para lo cual se ha violentado la libertad de expresión e información y del trabajo, derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. Asimismo, con dichos procedimientos viciados, se vulneró la presunción de inocencia y la garantía constitucional del Debido Proceso.Un verdadero “bullying” judicial al periodismo, entendiéndose este mecanismo como el acoso físico o psicológico sistemático hacia una persona por parte de un grupo (mediante el viciado impulso de denuncia fiscal y el veredicto de la jueza). No es la primera vez que el Órgano Judicial amedrenta al estamento periodístico, mediante procesamientos indebidos, recordemos el caso de ANF, El Diario y Página Siete, donde la única jurisdicción que aplicaba era la de la Ley de Imprenta.Si bien el objeto principal de la labor de jueces y fiscales es la aplicación de la justicia, al desviarse de sus funciones en el caso del periodista Carlos Quisbert, estas acciones irregulares revelan las falencias que aquejan al Órgano Judicial:Primera, la facilidad con que actúan los fiscales en detrimento de las libertades individuales y en oposición al mandato que le confiere la Constitución, que es ser representante de la sociedad. En tal caso, actúan por mero interés particular, CORPORATIVO (del estamento de fiscales), y a requerimiento y presión de intereses políticos concretos. Estos excesos de los integrantes del Ministerio Público, es permitido en el marco de las facultades que les confiere el Procedimiento Penal vigente que data del año 1999. Y es un riesgo que se advirtió oportunamente a tiempo de ser aprobada dicha norma adjetiva.Segunda, la designación de estos administradores de la justicia, bajo premisas políticas antes que la capacidad requerida para tan elevada función. En este sentido, se debe afirmar categóricamente que las elecciones judiciales, circo del cual formaron parte sólo aquéllos pre-seleccionados por el Congreso que contaban con la aprobación partidaria oficialista, fue una payasada mayúscula, que costó cuantiosos recursos y cuyo fracaso, se refleja diariamente en episodios vergonzosos y de atropello de las libertades individuales, como el acontecido con el ciudadano periodista Carlos Quisbert.Tercera: la falta de capacidad y formación académica y profesional de estos fiscales y jueces, que les hace pisotear y soslayar estos principios básicos del debido proceso no únicamente bajo la presión de los intereses ya descritos, sino por un desconocimiento y falta de apropiación de valores éticos esenciales, como es el respeto a la vida y a la libertad, así como la búsqueda de la justicia, que además de ser una característica del estamento judicial, es el efecto de la causa antes descrita: la forma de designación con que asumieron funciones.Cuarta: la escasa infraestructura y logística que genera hacinamiento de sus funcionarios designados mayormente por recomendación política, lo cual deriva inexorablemente en una laxitud de los principios y valores éticos, derivando en corrupción.De ahí que quepa afirmar que tenemos el peor sistema judicial desde la fundación de la República, peor aún que en gobiernos de facto, donde un Hábeas Corpus (ahora Acción de Libertad) dictado por un juez, se acataba de manera inmediata, expedita, sin dilaciones. Bajo la interpretación doctrinal sagrada que representa dicha acción de defensa de derechos fundamentales. No como ahora, que se sujeta a procedimientos y lentos trámites administrativos que entorpecen más el cumplimiento de la justicia.Y todo ello acontece bajo la supuesta alarma y sorpresa de las autoridades del Órgano Ejecutivo, que anuncian una reforma judicial urgente, que conlleve una reforma constitucional previa, que modifique la modalidad de designación de dichos funcionarios públicos. Empero, es preciso indicar que las elecciones de magistrados, no es mala en sí misma, pues debía existir una evaluación previa de conocimientos, experiencia y formación de tales candidatos.Lo que en realidad está fallando y constituye el origen de la profundización de la crisis de la justicia es el montaje de una ingeniería judicial cuyo diagnóstico revela sus principales defectos: 1) clientelar en sus designaciones; 2) dócil a designios políticos; 3) de escasa o nula experiencia profesional o sin carrera judicial, a fin de ser fácilmente instrumentalizada y sometida a presiones políticas.Si el sistema judicial está colapsando, es bueno que los jerarcas del gobierno admitan su responsabilidad en dicha crisis, pues el Órgano Judicial antes que realizar una adecuada labor para la sociedad, primero cumplió a cabalidad con los fines persecutorios del régimen gobernante. Y en esa medida, el Órgano Ejecutivo aplicó el método del “laissez faire”, donde se consolidaron consorcios de abogados, jueces y fiscales. Lo cual derivó en redes extorsivas, en megacorrupción y sobrecarga procesal.Es menester la autocrítica conjunta del Órgano Judicial y del Órgano Ejecutivo, que incluya un replanteamiento de sus prioridades, su filosofía, orientada a un verdadero CAMBIO y un genuino interés de transformar la justicia, más ahora, que hay una necesidad inminente de hacer gestión y gobernar con responsabilidad.De manera irremediable, la historia los juzgará y las nuevas generaciones, también.*Miembro de la Academia de Ciencias Penales de Bolivia