Los números revelan la verdad sobre el régimen: 785 exiliados, 39 presos políticos, 228 candidatos opositores inhabilitados por la aplicación parcializada de una norma inconstitucional.Este último caso incluso ha llamado la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, que usualmente se toma largos periodos para procesar las denuncias, pero que parece estar movilizándose con rapidez sobre el atropello cometido contra la población beniana.Porque la arbitrariedad perpetrada por el Órgano Electoral, más allá de afectar los derechos políticos de elegibilidad de los postulantes de oposición, restringe el derecho de elección de toda la ciudadanía, que ve limitadas sus opciones de manera injusta y antidemocrática.El voto castigo a un oficialismo hegemónico y emborrachado de poder es una alternativa cierta en manos de los ciudadanos, que sin duda lo aplicarán el 29 de marzo.Pero sería deseable también la intervención de la comunidad internacional, tanto por la suspensión de los comicios del Beni a la que obligarían eventuales medidas cautelares de la CIDH, como por la constatación en el exterior de una realidad cada vez más patente: el hecho de que el régimen evista se ha ido transformando en una dictadura con fachada democrática…[email protected]