El Fondo Indígena, creado por la Ley del IDH que promulgó Hormando Vaca Diez en el 2005 con el voto en contra del MAS, debía servir para que una parte significativa de la renta gasífera contribuyera al desarrollo de los pueblos originarios. Pero en lugar de esto, acabó convirtiéndose en la chequera para organizaciones afines al partido de gobierno.Nada menos que 441,9 millones de Bs. (unos 63 millones de dólares) fueron a parar a manos de estos tentáculos del oficialismo en estos últimos nueve años, es decir, durante el gobierno de Evo Morales.Hablamos de los colonizadores cocaleros de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (Conamaq), las cocaleras de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, la Asamblea del Pueblo Guaraní de Bolivia (APG), la Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB) y la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC).Algunas de estas organizaciones vieron sus fondos drásticamente recortados luego de su disidencia por el proyecto del TIPNIS.Varios de estos grupos, además, han sido parte del denominado “Estado Mayor del Pueblo”, coordinadora de tropas de choque con las que el régimen procuró reprimir o intimidar a los movimientos regionales de protesta en los años 2007 y 2008. De ahí que sea bastante probable que una parte de los fondos haya ido al financiamiento de movilizaciones violentas.Se sabe que otro momento en que la chequera se abrió para darle jugosas sumas a las tropas de choque fue tras el gasolinazo de diciembre de 2010, cuando el gobierno temió ser barrido por una rebelión popular y procuró asegurarse la lealtad de estas guardias sindicales.En resumen, los fondos que debían crear mejores condiciones de vida entre los indígenas solo beneficiaron a la burocracia sindical del MAS, ya que la gran mayoría de los originarios siguen viviendo en la misma pobreza de siempre…[email protected]