Erika Brockmann Quiroga
La reforma de la legislación electoral es urgente, pero el MAS, como fuerza dominante del sistema, ¿tiene la voluntad política de encararla? Esto en vista de que es muy poco lo que podemos esperar de la iniciativa de un Tribunal Supremo Electoral (TSE) sometido a directrices políticas de quienes mandan desde el Poder Ejecutivo.Históricamente, la legislación electoral en democracia ha sido progresivamente mejorada. Lo preocupante es que, más allá de las fórmulas de inclusión indígena y la paridad de género, la normativa posconstituyente, en lugar de avances, da cuenta de retrocesos. Su enfoque restrictivo y sancionatorio va a contra ruta de las corrientes garantistas del derecho electoral en la región.No es casual que las decisiones más polémicas del TSE se hayan fundamentado en las disposiciones de la Ley de Régimen Electoral promulgada en 2010, circunstancia en la que abundaron observaciones por parte de organizaciones de la prensa y otros grupos vinculados a promover el voto informado y transparente. Así, resoluciones como la inhabilitación de legisladores a la postulación a cargos de representación municipal y la insólita cancelación de una sigla opositora en Beni y de sus candidatos –argumentando respetar la ley– pudieron evitarse de priorizarse el respeto a derechos políticos constitucionalmente reconocidos, como el bien mayor a proteger.Pero así como el cumplimiento de la ley fue el pretexto para tanta arbitrariedad, la ley fue también pisoteada. En Chuquisaca se violentó el principio de preclusión en el conteo de los votos a la Gobernación forzando una resolución tardíamente sacada de la manga. Fue notable la ceguera del TSE frente a la denuncia del uso y abuso de recursos del Estado, incluida, en esta área, la sobreexposición, en calidad de supracandidato, del presidente Evo Morales. Y es que el mismo presidente reconoció que era hora de “recuperar el tiempo perdido y gobernar” luego del febril proselitismo que no tiene tregua.Dicho esto, no sorprende el descenso de la confianza al TSE de casi el 60%, en 2010, a un promedio del 45%, según el último estudio sobre cultura política de Lapop/Ciudadanía 2014. En este contexto, la reforma electoral es urgente pero insuficiente al encontrar su propia limitación en la actitud de las autoridades electorales. Me refiero a autoridades funcionales o temerosas de un MAS dominante que presiona para ganar en mesa lo que no pudo obtener en cancha, a partir de la indecorosa y cuestionable manipulación del proceso, antes y después del día que nos convocó a las urnas.El Deber – Santa Cruz