Arturo Yáñez Cortes
Después de los alegatos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y más allá de mi corazoncito boliviano que podría estar haciéndome perder alguna objetividad, me quedé con la sensación que Chile está más enclaustrado que Bolivia en ese tema, aunque también nosotros tenemos lo nuestro.Les explico: aunque no soy abogado experto en la materia, mi análisis de las estrategias aplicadas por ambos equipos jurídicos que representan a las partes en liza, parecen revelar que la insistencia de la defensa chilena en vincular o mejor tratar de hacer confundir a la CIJ, que el pedido boliviano acarrea la supuesta modificación del Tratado y su manifiesta temeridad pronosticando una calamidad internacional en lo que a fronteras y límites concierne en el caso que la demanda boliviana sea acogida, constituye a todas luces una estrategia de litigio manifiestamente errónea. Apuntar los dardos hacia cuestiones o derivaciones que no tienen que ver con la esencia de la pretensión de la otra parte, pretendiendo artificiosamente crear una pretensión diferente de la que ya ha sido establecida por la demanda, les pone ciertamente en una situación de enclaustramiento que debilita significativamente aquella defensa.Aunque mantengo mis dudas sobre la efectividad que podría resultar para el caso que finalmente ganemos la demanda, pues con base a lo que usualmente ocurre en la práctica forense, estimo sumamente difícil para cualquier tribunal obligar a que las partes negocien y encima de buena fe, una solución a cualquier diferendo así sea dentro de un plazo prefijado por la Corte y lograr una solución que satisfaga a ambas partes en un tema tan espinoso como el marítimo. Más aún, cuando una de ellas tiene hoy la posición dominante al detentar el objeto en litigio (por la fuerza), lo que me lleva a discrepar con quienes sostienen en sentido que aun así, una victoria boliviana en ese ámbito, tendría importantes réditos políticos y morales por el sólo hecho de haber sentado al usurpador en el banquillo de los acusados. Fuera, como cuando un acreedor gana finalmente un proceso ejecutivo, pero luego no tiene como recuperar su dinero porque el deudor no tiene los suficientes bienes para responder o, como cuando la víctima lucha durante varios años para lograr la condena del agresor y, una vez obtenido el fallo condenatorio, éste queda en suspenso o no puede lograr el resarcimiento civil por los daños sufridos.No obstante, aplaudo que nuestro Estado mediante el gobierno que lo administra haya por fin escogido la vía del derecho para intentar solucionar nuestra más que centenaria pretensión, pues además de rescatar esa vía como la única pertinente desterrando consiguientemente el uso de la fuerza, lo asumo como reconocimiento generador también de otro tipo de enclaustramiento interno –por elemental sentido de coherencia–, pues así como acudimos ante la Corte Internacional de Justicia para lograr justicia, luego no podríamos querer darnos a la fuga de otros tribunales también de índole internacional, que aunque tienen competencias diferentes, por ejemplo en Derechos Humanos, proceden también con base al pacta sunt servanda, es decir la buena fe con la que los tratados internacionales deben ser cumplidos por los estados. Estoy por ejemplo, pensando en la Corte Interamericana de DDHH u otras instancias similares de corte internacional, a cuyos fallos –gusten o no al gobierno– debiera también quedar enclaustrado para acatarlos a partir de esa nuestra plausible apuesta por la justicia internacional. En todo caso, ambos estados jamás debemos olvidar con Brecht que si bien «La injusticia es humana, más humana es la lucha contra la injusticia.»Correo del Sur – Sucre