Ramiro Guerrero Peñaranda habría participado en la ciudad de Sucre de un atentado dinamitero el 16 de mayo de 1992, en señal de rechazo a la visita de la Reina Sofía de España en conmemoración a los 500 años de la conquista española.
Denuncian que Fiscal estuvo “detenido por terrorismo”
En respuesta Guerrero presentó un email.
ERBOL, Bolivia
Fiscal Ramiro Guerrero. Foto, archivo La Razón.
La senadora, Carmen Eva Gonzales, dijo este domingo que el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero Peñaranda, eludió aclarar su procesamiento y posterior detención preventiva en octubre de 2003 por la comisión de supuestos delitos de terrorismo y encubrimiento.
La denunciante señaló que la Juez Wilma Poppe, encontró suficientes indicios de culpabilidad contra Guerreo porque supuestamente perpetró un atentado dinamitero al monumento del español Pedro Anzúrez, ubicado en la ciudad de Sucre.
Gonzales exhibió el expediente judicial de Guerrero, durante el informe oral del 28 de mayo pasado ante el pleno del Senado Nacional, donde demandó al Fiscal General del Estado sobre “ese comportamiento que lo inhabilitaría moralmente para ejercer el cargo” de un presunto atentado dinamitero del 16 de mayo de 1992, en señal de rechazo a la visita de la Reina Sofía de España en conmemoración a los 500 años de la conquista española.
Guerrero en su derecho a la duplica no respondió a esta alusión que no estuvo incluida en las 28 preguntas del informe oral.
En respuesta difundió un correo electrónico atribuido a la opositora quien, según ese email, tendría intenciones de desprestigiarlo como máxima autoridad del Ministerio Público, algo que la senadora negó.
Los documentos de Gonzales
Según el expediente, Ramiro Guerrero fue detenido el 6 de agosto de 1993 y pese a un recurso de hábeas corpus fue remitido al Ministerio Público y puesto a disposición de la juez. En su declaración indagatoria relata que conoció a un G.N. y G.LL. con quienes se reunió en una casa particular siendo él, estudiante de la carrera de Derecho, primer año, en la ciudad de Sucre.
“Bebimos algunos tragos y en la noche me salí y cerca del Coliseo cerrado frente a la puerta del Colegio encontré con G.N. y nos pusimos a charlar de la llegada de la Reina de España y al dirigirnos a la calle Ballivian él me propuso que como repudio a los 500 años de la conquista de la llegada de la Reina pongamos un explosivo a la estatua de Pedro de Anzures que se encuentra en la Barrio San José, entramos a esa casa y pasamos a un cuarto donde había vivido G.N.”, explicó.
Y en el relato le dice a la Policía: “cuando entré, vi en el piso 3 barritas de dinamita juntamente con la mecha, posteriormente salimos y fuimos a pasear en el taxi…posteriormente a eso de las 12 a una fuimos hacia el barrio San José y cerca a una canchita que existe nos bajamos con G. y yo. Posteriormente nos dirigimos hacia la estatua. G. sacó de la chamarra no me acuerdo si eran una o dos barritas y la conectó a las mechas y luego nos fuimos corriendo hacia el taxi, corrimos y fuimos al karaoke, en el trayecto escuché una explosión, cuando llegamos al local pedimos una cerveza todos estábamos nerviosos porque era la primera vez que participamos en esta situación, nos miramos y yo estaba arrepentido y no sabía qué hacer ya que era la primera vez que hacia una de estas cosas, al principio fue euforia del momento pero después de realizado el hecho me sentí arrepentido, seguramente pues también me encontraba en copas…” dijo en su confesión.
Luego Guerrero pidió una ampliatoria, dijo que fue presionado para firmar esa declaración, y a pesar de esta afirmación, la juez asignada al caso decretó el procesamiento de José Ramiro Guerrero Peñaranda por existir suficientes indicios de culpabilidad en la comisión de delitos de terrorismo y encubrimiento”, por lo cual se expidió mandamientos de detención formal en la cárcel pública de la ciudad de Sucre.
Gonzales explicó luego a los medios que no se conoce por qué Guerrero salió sin culpa a pesar de su confesión y anunció una mayor investigación en este caso, hasta que el gobierno se pronuncie si una persona con el pasado de terrorismo no puede ser una autoridad pública.