Plazo. En 90 días se debe enviar al peruano a su país, dice el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz.
Justicia rechaza recursos de Belaunde; ratifica extradición
La Razón / Sucre, La Paz
Reunión. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en una reunión de Sala Plena en 2014. Yuvert Donoso-Archivo.
La Justicia boliviana rechazó dos recursos legales presentados por el empresario peruano Martín Belaunde Lossio, exasesor del presidente Ollanta Humala, y ratificó la extradición de este extranjero a su país, donde es reclamado para que enfrente un juicio ordinario por casos de corrupción.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) negó una acción de inconstitucionalidad concreta y notificó al abogado de Belaunde, Jorge Valda, mientras el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no dio curso a la demanda de complementación y enmienda a su primera determinación de acceder a la extradición, con lo que ratificó esa decisión que la dictó el 11 de mayo.
En La Paz, el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, explicó que con la aprobación de la extradición, por parte del TSJ, el Estado boliviano y Perú tienen un plazo de 90 días para materializar la salida de Belaunde de Bolivia.
Defensa. Valda, durante la mañana de ayer, antes de conocer las determinaciones del TCP y del TSJ, cuestionó el accionar de los magistrados que dieron luz verde a la extradición, cuando todavía no se consideró los recursos jurídicos que demandó a favor de Belaunde. Además, indicó que ya presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia en contra del Estado de Bolivia por la “seguidilla” de violaciones a los derechos de su defendido.
“Hemos solicitado que el Estado boliviano no pueda asumir ni tomar ninguna determinación en contra de Martín Belaunde hasta que la CIDH se pronuncie”, advirtió el jurista. También adelantó que ese organismo internacional alista un pedido de informe sobre este caso al Estado y la convocatoria a una audiencia.
En respuesta al Ministro de Gobierno, Valda aseguró que no hay un plazo establecido para materializar la extradición de su cliente a Perú. Al referirse al último fallo, el presidente del TSJ, Jorge von Borries, informó que Belaunde presentó la solicitud de complementación y enmienda a la resolución que determinaba su extradición, relacionada a la doble incriminación vigente en ambos países.+
Von Borries detalló que bajo una complementación y enmienda no se puede modificar el fondo de la resolución, por ello- afirmó que todos sus colegas rechazaron la solicitud de Belaunde y ratificaron la extradición.
El presidente del TSJ aclaró que si Valda hubiera pedido algunas aclaraciones sobre la extradición, se habría respondido, pero señaló que al usar el recurso de complementación no corresponde pronunciarse sobre el tema. El magistrado Gonzalo Hurtado sostuvo que no hay nada que complementar y aseguró que la resolución está fundamentada sobre la doble incriminación. “Es decir, el delito por el cual se lo está procesando en el Perú también es delito en Bolivia”, apuntó.
Hurtado indicó que, a partir de esa determinación, la resolución se mantiene “firme y consistente”. Por lo tanto, coincidió con Von Borries cuando resaltó que se ratifica la extradición y que ahora solo queda que el Estado boliviano ponga a disposición del Gobierno peruano a Belaunde. El magistrado advirtió que las determinaciones asumidas en torno a la extradición de Belaunde, así como también el rechazo a la complementación y enmienda, están enmarcados en los tratados internacionales que están en vigencia y en la Constitución Política del Estado.
Citación a Heredia
Lima
La primera dama de Perú, Nadine Heredia, y el ex primer ministro Juan Jiménez fueron citados para declarar mañana ante la comisión parlamentaria que investiga a Martín Belaunde, anunció la presidenta de esa instancia, Marisol Pérez, reportó EFE.
Moldiz sugiere la detención en cárcel
El ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, sugirió ayer a la Justicia de Perú solicitar a sus pares bolivianos la ampliación de la detención preventiva del peruano Martín Belaunde, que vence este 21 de mayo, pero en una cárcel, ya que actualmente guarda arresto domiciliario, para evitar una eventual fuga.
El peruano, que está detenido en un domicilio de Bajo Llojeta, pidió refugio político ante la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) en enero, pero la demanda fue rechazada, pese a que presentó un amparo constitucional.
“En este caso, creo que sería mejor también, para borrar cualquier sospecha o duda, que se pida la ampliación de la detención (de Belaunde). Quiero pedirle a la Justicia peruana que solicite la detención preventiva en un recinto penitenciario del país del señor Belaunde (mientras se defina la extradición)”, sostuvo Moldiz.
Explicó también que existe otro escenario o criterio de juristas que señalan que una vez que se apruebe la extradición de Belaunde “automáticamente debería seguir detenido hasta la entrega al país solicitante (Perú)”. Moldiz recordó que existe un plazo de 90 días establecido por la ley, en el caso de la extradición del ciudadano peruano, por lo que sugirió esperar algunos resultados en los próximos días, ya que lo ideal, en su criterio, sería que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) amplíe la detención.
La autoridad gubernamental aseguró que tras conocer que Belaunde es extraditable, se redobló la vigilancia con custodios en el domicilio donde se encuentra el peruano y en su alrededor. Remarcó que el plazo de 90 días es demasiado largo para alguien que sabe que será extraditado; por eso, puede surgir la desesperación e incluso puede intentar cualquier acción, como la fuga.