Querella. Ayer, Searpi junto a la CAO presentaron la denuncia ante el Ministerio Público para iniciar una investigación.
Ref. Fotografia: Muestra. Los avasalladores habrían llevado maquinaria para abrir una zanja de 2 kilómetros de longitud.
Por el desvío de río Grande, en la zona norte de Santa Cruz, entre las provincias Obispo Santistevan y Guarayos, según la Gobernación el mayor daño inflingido por supuestos avasalladores de tierras es a la construción durante años de 665 kilómetros de defensivos, cuyo costo alcanza a una inversión de Bs 470 millones.
«Desde que se inició este proceso de generar defensivos para contener los embates de crecidas de las aguas de río Grande, ha significado una inversión de 470 millones de bolivianos. Entonces el daño es a esa infraestructura que ha supuesto que el departamento de Santa Cruz sea el único de Bolivia que no sufre problemas de orden natural», precisó Luis Alberto Alpire, jefe de Gabinete de la Gobernación cruceña.
Delitos aún sin precisar. La autoridad de la Gobernación, puntualizó ayer que vía la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, conjuntamente el Searpi, presentaron la querella ante el Ministerio Público para que inicie las investigaciones para lograr establecer las responsabilidades del hecho, cuyo delito sería penal con daño al medio ambiente y a la seguridad de las 100.000 hectareas de cultivo de soya, trigo y maíz que se se encuentran asentadas en la zona.
«Seguimos en reunión permanente, aún no se tiene mayores avances de un tema delicado. De todas maneras el daño es de magnitud, entonces conjuntamente con los productores de la zona estamos viendo esta situación», informó por su parte, Edilberto Osinaga, gerente general de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).
Por su parte, Julio Roda, presidente de la CAO, puntualizó que si bien hay comunarios de la zona en el lugar de los hechos, detrás de ellos hay personas que solo una investigación a nivel del Ministerio Público puede establecer responsabilidades.
Un tema complejo. Según Alpire, la afectación económica es por el momento incalculable, dado que el delito es también a los tres niveles de gobierno tanto nacional, departamental y municipal. «Todo esto ya es una materia de orden jurídico ya que se han afectado a los tres nieveles de gobierno con un terrible daño ambiental y lo peor, se pone en riesgo inminente de inundación de predios agrícolas de una zona productiva», finalizó.
Objetivo
El río Grande debe recobrar su cauce
Acciones. Ayer se llevaron adelante distintas reuniones con entre la CAO, Anapo y los productores de la zona para gestionar y pedir al Gobierno acciones inmediatas. Julio Roda dijo ayer que la CAO ha denunciado este hecho ante la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y ante el Ministro de Desarrollo Rural César Cocarico y la Gobernación.
Investigación. El Ministerio Público, según las autoridades de la Gobernación, la CAO, Anapo, entre otros, debe establecer quienes son los impulsores del desvío del río además de los campesinos del muncipio El Puente. Agregan que se debe tipificar el delito por el que los autores de los hechos deben ser imputados penalmente.
Fuente: eldia.com.bo