La Fiscalía empezará a notificar a los supuestos autores del daño en la cuenca. Anapo revela que ante la emergencia, los productores, de oficio, trabajan para evitar las inundaciones
Dos ocasionales pescadores fueron testigos ayer, a las 14:00, de la decisión asumida por los empresarios agropecuarios, en Guineal, de usar maquinaria pesada para tapar el canal construido para desviar el cauce del Río Grande, en el límite de las provincias Guarayos y Obispo Santistevan.
La orden de proceder al cierre del canal se dio enseguida que la fiscal Mirtha Mejía, que investiga el delito ambiental denunciado por la Gobernación y el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Pira (Searpi), inspeccionara y abandonara la zona afectada.
Respecto a la intervención de la maquinaria, el máximo representante del sector oleaginoso, Reinaldo Díaz, aclaró que la decisión fue asumida por los empresarios después de ser alertados de pronósticos de lluvias para hoy.
Justificó la acción como una medida de prevención para proteger las 70.000 hectáreas comprometidas en la zona y unas 12 comunidades.
En el ámbito legal, Mejía indicó que realizó una inspección en la zona y verificó daños ambientales relacionados con la afectación al cordón ecológico del río, la deforestación de árboles de la masa boscosa y la sedimentación del río consumada en el rellenado de bolsas para desviar el Río Grande.
En ese escenario, indicó que desde hoy se procederá a notificar a las personas que participaron en la construcción del dique. Dio cuenta de que son varios y que están plenamente identificadas.
Se las investigará por la supuesta participación en la comisión de delitos ambientales, asociación delictuosa y otros.
Extrañó a la fiscal que durante la inspección no hubo presencia de los denunciados de consumar el desvío del cauce del río. Días previos se había reportado la presencia de unos 200 campesinos en la construcción de las obras. La representante del Ministerio Público llegó fuertemente custodiada por efectivos policiales y con representantes del Searpi.
Otra versión en El Puente
La construcción del canal es motivo de preocupación en El Puente. A decir del alcalde, Ángel Copa, el canal fue construido por organizaciones campesinas de este municipio que observan y rechazan el trazo de las obras de protección incluidas en la fase IV definidas por el Searpi.
El burgomaestre indicó que las personas que intervinieron en las obras no son tomatierras, sino sindicatos agrarios campesinos que cuentan con títulos de propiedad otorgados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
También precisó que solo buscan, al igual que los empresarios, proteger la integridad física de sus descendientes y la producción agrícola y pecuaria.
Copa refirió que los campesinos rechazan la propuesta del proyecto de Searpi deduciendo que serán muchas las comunidades afectadas en los 12 kilómetros que se recorre desde la cuenca del río hasta los defensivos proyectados. Las organizaciones pretenden que las obras bordeen el cordón ecológico sin afectar el Plan de Uso de Suelos (PLUS).
La Alcaldía tiene comprometidos Bs 20 millones para financiar las obras que protegerán más de 60 comunidades y unas 2.400 familias, además de las obras de inversión pública en salud, educación, servicios básicos e infraestructura productiva desarrolladas por el municipio.
“Queremos definiciones de prisa porque estos líos están retrasando las obras de protección y los riesgos de inundación son latentes”, apuntó.
Una reunión optimista
Luego de que la comisión de Tierra y Territorio, integrada por la senadora Noemi Natividad Díaz y el senador Germán Isla, junto con técnicos del Searpi y de la Gobernación, realizó un sobrevuelo en la zona del conflicto la solución, por lo menos la destrucción de las obras realizadas en el lugar, tomó cuerpo.
Durante la reunión en las oficinas de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), los productores hicieron conocer a los senadores la magnitud del daño causado en el río, el temor de que unas 100.000 hectáreas de soya se dañen por la crecida de las aguas.
Otro de los reclamos fue que desde el Gobierno central se mire un poco a la región y se destinen más recursos para el mejoramiento vial, en especial para los caminos que conectan con las zonas productoras de Santa Cruz.
Díaz tomó nota de los pedidos y remarcó que en lo que respecta a Río Grande ya se está trabajando para que esas obras sean destruidas
Fuente: eldeber.com.bo