Tras casi 21 horas de debate, el Movimiento Al Socialismo (MAS) usó sus dos tercios en la Asamblea Legislativa para sancionar la ley de modificación constitucional y así habilitar a Evo Morales a otra elección presidencial. Políticos inician campaña.
La propuesta ingresó en debate a las 16.20 del viernes. La sesión duró toda la noche, madrugada y toda la mañana de ayer hasta que cerca al mediodía el texto, de dos artículos, fue sancionado por 112 votos de un total de 153 legisladores y el resto (41) rechazó la propuesta que fue presentada hace dos semanas por la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) —el colectivo que aglutina a sectores afines al oficialismo— que busca una nueva repostulación de Morales y el vicepresidente Álvaro García para el periodo 2020-2025.
Se trata de dos artículos, una disposición transitoria y otra final, “aprobadas en sus estaciones en grande y detalle”, afirmó el presidente del Senado, José Alberto Gonzales (MAS). La sesión concluyó con aplausos y ovaciones del oficialismo, pero con silbidos y gritos de protesta de la oposición.
Proceso. La norma busca modificar el artículo 168 para “permitir la reelección constitucional del Presidente y del Vicepresidente por dos veces de manera continua”, en lugar de una vez, como dice el texto actual de la CPE.
La propuesta, tras ser aprobada por dos tercios de la Asamblea (controlada por el MAS), deberá ir a referéndum para que el soberano avale o no la modificación, según manda el artículo 411 de la Carta Magna. Según el oficialismo, el proceso de consulta está previsto para el 21 de febrero de 2016.
Pero antes, el texto debe ser sometido a control de legalidad, es así que el viernes, el MAS envió una copia del proyecto al Tribunal Constitucional, antes de su sanción. El hecho fue calificado como “irregular” por la oposición. “Con esa acción ya hay un vicio de nulidad porque se envió a control un documento que ni siquiera fue aprobado”, dijo el senador opositor Arturo Murillo (UD), quien anunció una férrea campaña para que Morales no se “eternice” en el poder.
Empero, Gonzales explicó que no se violó ningún procedimiento, porque el artículo 152 del Código Procesal Constitucional contempla la remisión de la propuesta de reforma y la posterior “notificación” por parte de la Asamblea Legislativa” de la obtención de un mínimo de dos tercios de votos.
Así, el diputado Javier Zavaleta (MAS) afirmó que el oficialismo también ya está en condiciones de hacer campaña para que Morales se repostule nuevamente.
“Ahora hay que preparar una segunda ley, la de convocatoria al referéndum aprobatorio”, explicó.
El dirigente campesino Feliciano Vegamonte, miembro de la Conalcam, señaló que “se bajará a la bases” para socializar la ley y buscar el Sí en la consulta popular.
Inicia el debate de la ley de convocatoria a consulta
Luis Mealla
Tras la sanción de la ley de reforma del artículo 168 de la Constitución, para una segunda reelección presidencial, esta semana la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea iniciará el debate de otra norma complementaria a la primera: la propuesta de convocatoria a referéndum popular, que incluirá la pregunta que se hará al soberano el 21 de febrero de 2016.
“Vamos a trabajar en la segunda ley, que es la de convocatoria a referéndum, básicamente en la que se debe definir la pregunta y los términos de la misma, la cual también será enviada para su consulta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Tribunal Constitucional (TC), ambas cosas correrán en paralelo”, explicó el senador Milton Barón (MAS), titular de esa comisión.
El legislador afirmó que se hará una sola pregunta al ciudadano, que será “precisa, clara y corta” para no confundir al electorado en la consulta popular.
A tiempo de anunciar el inicio por la campaña por el No, el expresidente y líder del PDC, Jorge Quiroga, anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el TC, con el fin de frenar el proceso de modificación de la Constitución.
Además, no descartó reactivar una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), allí denunciará “las acciones prorroguistas” que desarrolla el Gobierno con la ley de modificación.