LA NORMA QUE REEMPLAZARÁ A LA 1008 TIENE 4 PILARES
DETENIDOS. Privados de libertad de la cárcel de San Pedro en La Paz, caminan por una de las siete secciones con las que cuenta este recinto. – Archivo La Prensa
La norma será cambiada por 2 leyes, una sobre coca y otra de sustancias controladas.
La nueva ley antidrogas que elabora el Gobierno en reemplazo de la 1008, propone una reducción de penas para consumidores y microtraficantes, según se adelantó en el conversatorio de «buenas prácticas y lecciones aprehendidas sobre normativa de drogas» que se llevó a cabo en La Paz.
Armando Quispe Flores, jefe de la unidad jurídica del viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, afirmó que el nuevo documento que se ha presentado a la Asamblea Legislativa específicamente sobre sustancias controladas, tiene cuatro pilares en las que se contemplan las disposiciones generales y definiciones; delitos y sanciones, además de delitos conexos; nuevos elementos de investigación penal; y el papel de la Conaltid y FELCN.
Quispe Flores declaró que la actividad económica en torno a la hoja de coca, sea legal o ilegal, se reconoce no sólo en las más de 45.000 familias campesinas que se mantienen de su cultivo, sino además en las miles de personas que anualmente son privadas de libertad por involucrarse en el procesamiento y transporte de los derivados ilegales de la hoja de coca.
No obstante la relación drogas-pobreza, el Estado boliviano y la comunidad internacional han buscado frenar el fenómeno a través de políticas de naturaleza eminentemente represiva, en las que la erradicación forzada de cultivos y la interdicción al tráfico ilegal de la coca y sus derivados comportan con frecuencia violaciones sistemáticas de los derechos civiles y humanos.
DIFERENCIADA. Debido a este hecho es que se analiza, dijo, la nueva ley de sustancias controladas, que incluye sanciones específicas por delito de microtráfico y diferenciará las sentencias para “pequeños” narcotraficantes de los grandes.
Además, se incorporará la norma de extinción de dominio de bienes, la misma que estará bajo la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi)
El jurista explicó que el cambio de la normativa de drogas es apoyado por la Unión Europea (UE), Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD), y la Comisión Interamericana del Control de Uso de Drogas de la organización de Estados Americanos (OEA).
“A diferencia de la 1008, esta ley incluye las alternativas al encarcelamiento, lo que significa que las penas serán diferenciadas, habrá reducción”.
SANCIONES. El pasado año, según se pudo establecer, las escala de sanciones era la siguiente: por menos de 1.000 gramos, una pena de tres a cinco años de cárcel; de 1.001 a 10.000 gramos, de cinco a 10; de 10.001 a 100.000, de 10 a 20 años; y de 100.001 para adelante, una sentencia de 20-25 años en prisión sin derecho a indulto.
Sobre la propuesta, Jorge Paladines, experto en políticas de drogas y asesor público regional de la Defensoría Pública del Ecuador, que también participó del conversatorio, propuso penas diferencias de: mínima de dos a seis meses; media de uno a tres años de cárcel; y la alta de cinco a siete años para los microtraficantes y en el primer caso para consumidores.
Ambas autoridades, de Bolivia y Ecuador, afirmaron que la actual Ley, 1008, es draconiana y vulnera los derechos humanos y de salud de los implicados en drogas.
Paladines afirmó que “con las antiguas normas, que fueron elaboradas para nuestro países, lo único que hacen es castigar a los pobres micronsumidores, y no así a los grandes”.
En tanto Armando Quispe recordó que “la persona que se hizo pillar con 15 ó 20 gramos de drogas tiene la misma sentencia que un traficante de 500 hasta 700 kilos de cocaína” y recordó que hay hacinamiento en la cárceles por la detención consumidores y microtraficantes.
LA NUEVA REFORMA A LA LEY FUE ANALIZADO POR UN GRUPO DE EXPERTOS EN NARCOTRÁFICO BOLIVIANOS Y EXTRANJEROS, Y DISCUTIDO EN DOS REUNIONES QUE ORGANIZÓ EL PROGRAMA DE SEGURIDAD REGIONAL DE LA FUNDACIÓN ALEMANA FES.
EL INCREMENTO DE CULTIVOS DE COCA. Bolivia tendrá con la aprobación de la nueva ley antidrogas, el aumento de los cultivos legales de coca de 12.000 a 20.000 hectáreas, según autoridades de Gobierno. La llamada Ley 1008, en vigor desde el 19 de julio de 1988, será modificada una vez que se conozca el resultado de un estudio científico sobre la cantidad de coca que se destinará a la industrialización con fines medicinales y alimenticios.
Además se informó que el estudio sobre las propiedades de la coca aún es elaborado por una universidad extranjera y el mismo debe ser entregado en los próximos meses.
Sin embargo, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, negó este incremento en la producción de la hoja de coca.
Fuente: laprensa.com.bo