Sin importar el crimen ambiental cometido en el río Grande, al norte de Santa Cruz, todo indica que los culpables quedarán en la impunidad, con la venia y complicidad no solo de las autoridades gubernamentales sino también de los gremios de productores agropecuarios.
Pese a todo el “cocoreo” de la Gobernación y las instituciones agropecuarias, el asunto no marcha ni con el gobierno central, ni en los municipios afectados y peor en la Fiscalía, que no movió un dedo para hallar a los culpables de semejante atentado. Las autoridades del Municipio de El Puente y algunos dirigentes sindicales ya dieron la cara y justificaron las obras ejecutadas para desviar el curso del río argumentando que se trata de una reacción ante lo que hizo Searpi y que supuestamente perjudicó a algunas comunidades.
En realidad están hablando de una megaobra que le costó a la región más de 130 millones de dólares y que ha impedido los desbordes que en el pasado eran muy frecuentes, protegiendo la producción de 100 mil hectáreas. Pero como en este país todo se negocia, especialmente las leyes, sin importar si hay un delito detrás, el sábado pasado se produjo un acta de entendimiento entre el gobierno, la CAO y Anapo para buscarle una salida política al problema.
El compromiso es frenar los trabajos que se venían haciendo, hecho que nadie puede asegurar, porque… aquí todos le meten nomás.
Fuente: eldia.com.bo