El Ministro de Defensa dijo que hay casos de procesados que por más de 10 años cobraron sus sueldos sin prestar servicios. Ferreira ve la solución en ley corta para acelerar las bajas. APG. El Ministro de Defensa en conferencia de prensa, ayer.Página Siete / La PazCada año, los militares suspendidos que son procesados por la comisión de delitos reciben aproximadamente 18 millones de bolivianos en sueldos sin tener que trabajar, informó ayer el ministro de Defensa, Reymi Ferreira.»Se trata de millones que perdemos. Hemos calculado que son 18 millones de bolivianos por año que perdemos entre los militares suspendidos que aún no tienen sentencia (en la justicia militar). Es una barbaridad de plata que podría usarse para pozos de agua y mejor dotación de los soldados”, dijo la autoridad.Hay procesos -según Ferreira- que duran más de cinco años, incluso más de una década, y los uniformados cobran sin una función asignada.»Queremos dejar de pagar salarios por años, por décadas. Hay el caso de un señor que 12 años está suspendido y sigue ganando. No trabaja, se presenta los lunes y recibe su sueldo, es una barbaridad”, explicó.Por ello, desde septiembre se trabaja en una ley corta para dar de baja, en no más de 48 horas, a los militares que fueron sorprendidos en flagrancia en la comisión de un delito o una falta.La iniciativa surgió después de que el 3 de septiembre se aprehendiera al llamado «narcocapitán” Yimi U. Z., quien fue sorprendido por la FELCN dentro de una avioneta con 362,6 kilogramos de pasta base de cocaína. Dos días después fue dado de baja.La mencionada ley corta aún espera su tratamiento en el gabinete jurídico del Ministerio de Defensa, ocupado, mientras tanto, en la elaboración de propuestas para la Cumbre de Justicia.Con ella se espera no sólo evitar el pago de salarios a quienes no trabajan, sino también reducir la carga procesal en los tribunales de justicia militar.Adecuación de la LOFAEl ministro Ferreira afirmó ayer que la adecuación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) a la Constitución Política del Estado es una tarea pendiente que «no había sido tan fácil como pensábamos”, debido a que para su tratamiento se requiere aprobar, primero, la Ley General de Seguridad y Defensa.»Si sólo fuera la LOFA sería más sencillo, porque ya se tiene más o menos los elementos. Pero no podemos avanzar en ese proyecto si no tenemos la ley marco que debe ser coordinada con el Ministerio de Gobierno, porque es como el paraguas para nosotros y también para la Policía”, dijo el Ministro.La LOFA adecuada a la Constitución, que fue la principal demanda por la que suboficiales y sargentos marcharon en abril de 2014, apunta a permitir las consultorías de abogados en ejercicio libre para los procesos en los tribunales de justicia militar.Ocurre que los uniformados que son destinados a estas instancias para impartir justicia muchas veces carecen de conocimientos y experiencia en materia legal, lo cual genera errores, incidentes y apelaciones.