Pagaron Bs 300 mil por oficinas de conciliación que no funcionan

Desde julio de este año, el Órgano Judicial desembolsó miles de bolivianos en rentas por ambientes para los conciliadores que aún permanecen sin utilizar.

Sergio Mendoza  / La Paz



A mediados de este año, el Consejo de la Magistratura comenzó a alquilar ambientes para instalar las secretarías de conciliación en materia civil con la intención de que 157 nuevos funcionarios reduzcan la excesiva carga procesal de los jueces en materia civil. Se pagó aproximadamente 300 mil bolivianos por el alquiler de estos espacios; pero hoy, en estas oficinas no trabaja nadie.

 Algunas permanecen con las paredes recién pintadas, dividas con mamparas, con  sillas envueltas en plásticos y computadoras sin usar debido a una ley que paralizó hasta febrero del próximo año el trabajo de los conciliadores.   

El director administrativo del Órgano Judicial (DAF), Róger Palacios, explica que son más de 100 mil bolivianos al mes lo que se paga como alquiler de estos ambientes que no son utilizados desde hace unos tres meses (julio, agosto, septiembre), cuando se firmaron los primeros contratos, es decir, más de 300 mil bolivianos a la fecha en todo el país.

Una comisión compuesta por el Ministerio de Justicia, la Procuraduría del Estado, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Legislativa, entre otras instituciones, decidió que así era mejor. «Se analizó los costos y beneficios, ¿qué es más factible: rescindir un contrato sabiendo que dentro de un mes  se trasladarán ahí juzgados civiles y que además se invirtió en la adecuación  o mantenerlo?, pregunta Palacios.

Ya en abril el Consejo de la Magistratura (CM) promovió el trabajo que realizarían los conciliadores, quienes no sólo ahorrarían sudor  a los jueces, sino que  brindarían soluciones rápidas y gratuitas a las partes enfrentadas sin gastar  en abogados.

Para ello  se presupuestó  69,9 millones de bolivianos. La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude) participó con 31 millones, mientras que el Órgano Judicial  con 38, según el reporte que  dio en abril el presidente del  CM, Freddy Sanabria.

Pero la Asamblea Legislativa Plurinacional promulgó la Ley 719 el 6 de agosto de este año, precisamente cuando debía entrar en vigencia el nuevo Código Procesal Civil y el Código de las Familias y del Proceso Familiar con el que los conciliadores iniciarían sus funciones, y su puesta en escena se suspendió hasta el 6 de febrero de 2016.

Para entonces los alquileres ya corrían. En La Paz, en julio, se alquiló el quinto piso de un céntrico edificio a  28.500 bolivianos por mes. Hoy el ingreso a estas oficinas está cerrado con una cadena y un grueso candado, adentro las computadoras y los muebles no se usan.

En El Alto se alquiló  el primer piso de un edificio y se hizo los trabajos de adecuación pero, al igual que en la hoyada, el lugar permanece cerrado y sin uso. Ambos contratos están vigentes hasta el fin de 2015.

 Palacios explica que los ambientes alquilados para conciliadores, de cualquier manera, son los menos: 9%. El 91% se instalaron en infraestructuras propias del Órgano Judicial o del Estado  en los nueve departamentos.

 Por otro lado, de los 69,9 millones presupuestados hasta ahora, sólo se desembolsó unos 9 millones en la selección y capacitación de conciliadores, adecuación y alquiler de ambientes, compra de equipos y demás, recursos que, según Palacios, salieron del aporte de la Cosude y no del Órgano Judicial. «Estaban un poco  molestos, pero se reformuló el acuerdo para que no queden gastos al fósforo.

La responsable de este proyecto en  la Cosude, Mila Reynols, reconoció que los alquileres salen de su aporte y aún aguardan una propuesta  de la comisión de autoridades bolivianas. «El proyecto, en realidad, ya se suspendió dos veces. Debía comenzar en 2014, y ahora, con la segunda suspensión, se aguardará otros seis meses, hay que ver esto porque el proyecto termina en 2016.

Pero Palacios dice que las oficinas para conciliadores no están en vano. «Ya hay la instrucción de que juzgados civiles se trasladen a los ambientes y dejen un espacio para que los conciliadores lleguen en febrero del próximo año, en Santa Cruz ya trasladaron algunos archivos.

Alistan nueva convocatoria para los conciliadores

 El Consejo de la Magistratura realizará una nueva convocatoria para aspirantes a conciliadores y secretarios debido a que la primera fue anulada con la promulgación de la Ley 719 Modificatoria de Vigencias Plenas, del 6 de agosto.  

La Comisión de Seguimiento e Implementación del Código Procesal Civil decidió que la primera convocatoria sea suspendida pues aún no estaban dadas las condiciones para que los 157 profesionales que fueron escogidos para convertirse en conciliadores y los 41 que serían sus secretarios se desempeñen en sus cargos. Para ello pasaron por un proceso de selección y capacitación que, de todas maneras, quedó sin efecto.

Cuando la situación de estas personas aún era incierta hubo reclamos, pues algunos dejaron sus trabajos con la seguridad de que desde el 6 de agosto, cuando entrara en vigencia la norma, comenzarían a cobrar sueldos que, según informó entonces el presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, ascenderían a unos 5.800 bolivianos.  

Fuente: paginasiete.bo