El Gobierno anunció que controlará “desde los próximos días” los precios de los productos ofertados en los diferentes supermercados del país para evitar cobros excesivos a la población. Estos centros de abasto deberán justificar cualquier incremento en el valor de sus artículos.
Después de la aprobación del “Reglamento específico de regulación de las actividades de los supermercados”, estos centros comerciales deberán enviar cada 15 días las listas de precios de los productos que ofertan al Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor (VDDUC) para evitar incrementos injustificados que afecten al consumidor final, reveló a La Razón el titular de esa cartera, Guillermo Mendoza.
La norma, trabajada en el Ministerio de Justicia, estará vigente “en los próximos días”, luego de ser difundida junto a una resolución ministerial en un medio de información nacional. Los negocios del rubro tendrán “seis meses” para adecuarse al reglamento, un plazo que corre desde el día de la publicación de la resolución, precisó.
“Lo que se quiere es que los supermercados puedan enviarnos sus listas de precios y nosotros poder informar al consumidor de cuáles son las (ofertas) más convenientes”, indicó.
Esa información, además, servirá para tener parámetros “suficientes de control” y para prevenir situaciones de agio o especulación que pudieran generarse en esos centros de abasto.
“Con estas listas, los supermercados tendrán que explicarnos el por qué de la diferencia de precios y posiblemente en base a esa información pueda existir algún tipo de regulación” en el valor de los productos. La idea no es que todos los supermercados tengan productos con precio similar, sino “que no haya una gran diferencia” entre ellos. El VDDUC, remarcó el viceministro, no fija precios, pero trabaja “en coordinación” con “otras instancias” que sí tienen esa atribución.
Datos del Ministerio de Economía dan cuenta de que el valor de las ventas y servicios facturados en los supermercados se incrementó en casi 600% en la última década, de $us 67 millones en 2005 a 635 millones el año pasado.
La nueva norma instruye, asimismo, al VDDUC verificar si los precios de los productos ofertados por estos negocios sufrieron un incremento injustificado que perjudique al bolsillo de la población y ordena la devolución en un plazo de 24 horas del monto cobrado “por demás” de comprobarse esa situación, en cuyo caso estos negocios también serán pasibles a sanciones económicas o administrativas.
El reglamento contempla también que los supermercados creen puntos de reclamo en cada una de sus instalaciones, que cada uno de sus productos tengan el precio en un lugar visible, que ofrezcan a la clientela listas generales de precios, que sus artículos en promoción tengan el costo normal y el rebajado, y que publiquen sus ofertas en sus páginas web para mantener a la población informada. Mendoza señaló que la norma fue consensuada con la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) y con los supermercados del país.
Este medio intentó comunicarse con Jorge Arias, presidente de la Cainco, para saber si las empresas del sector están de acuerdo con la nueva norma, pero la dirección de comunicación de esta entidad informó que el empresario se encontraba de viaje.
Sanciones económicas
UFV
El “Reglamento específico de regulación de las actividades de los supermercados” establece sanciones leves, graves y gravísimas que tienen multas desde las 1.000 hasta las 10.000 UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda), informó Mendoza.
Estarán obligados a promover lo nacional
Los centros comerciales privados deberán adquirir con preferencia productos nacionales y promocionar sus cualidades dentro de sus establecimientos, según establece el “Reglamento específico de regulación de las actividades de los supermercados” que se aprobará “en los próximos días”.
Con estos objetivos, las empresas del rubro deberán instalar “espacios de fácil acceso” a los artículos o alimentos bolivianos para la clientela, informó a La Razón el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Guillermo Mendoza.
Los supermercados deberán promover cada uno de los productos nacionales a través de eventos en los que se eduque a la población. “Se usaran también telemonitores donde se pase información sobre aspectos relacionados con el consumo sustentable y responsable, los derechos y deberes de los usuarios y consumidores, procedimientos de reclamación, así como el contenido del reglamento que será aprobado”.
Estas empresas “deberán brindar la cooperación necesaria a las campañas educativas que realice el viceministerio de defensa del consumidor. Los bolivianos tienen la posibilidad de reclamar; no tienen por qué conformarse con servicios que estén fuera de lugar”, sostuvo la autoridad.
Los compradores estarán asegurados
Las empresas del sector deberán contratar una póliza a favor de terceros
Los clientes o usuarios de cualquier supermercado del país estarán cubiertos por un seguro que los protegerá de posibles accidentes o catástrofes climatológicas cuando se encuentren dentro de una de estas dependencias.
Así lo establece el “Reglamento específico de regulación de las actividades de los supermercados” que se aprobará “en los próximos días”, adelantó a La Razón el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Guillermo Mendoza.
Los negocios del rubro tendrán “seis meses” para adecuarse al reglamento, un plazo que corre desde el día de la publicación de la norma en un medio de información masivo.
Los supermercados “obligatoriamente deberán contratar seguros de responsabilidad civil a favor de terceros. Esto con la finalidad de proteger a sus clientes de accidentes que pudieran suceder dentro” de sus instalaciones, afirmó.
COBERTURA. Estas pólizas cubrirán, además, “todo lo que involucre desastres, desde sismos hasta inundaciones que sucedan cuando (los clientes o usuarios) estén dentro los supermercados”, resaltó Mendoza, antes de agregar que en el país existen cuatro compañías aseguradoras que ofrecen estos servicios.
La autoridad explicó que esta disposición se enmarca en las normas vigentes en el país. El nuevo reglamento establece también que los supermercados brinden un “acceso seguro” a personas con capacidades diferentes y que habiliten cajas específicas para atención preferencial a personas de la tercera edad y mujeres embarazadas.
“Se deberá considerar, también, cajas que atiendan específicamente tarjetas de débito o crédito, porque esto ralentiza el servicio y perjudica de cierta forma a los usuarios que cuentan con dinero en efectivo”, sostuvo.