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De la reunión participó la Gobernación, Asamblea Departamental, municipios, diputados, senadores, Comité Cívico y representantes de la universidad pública.
Santa Cruz, 30 de noviembre.- “Rechazamos de manera unánime la confiscación de recursos que quieren hacer a través de la Ley de incentivo a la exploración de hidrocarburos”, afirma el manifiesto público de la institucionalidad cruceña, que considera que el proyecto de Ley viola la voluntad del pueblo boliviano expresado en el referéndum del 2004, que establecía que esos recursos deben ser priorizados para educación, salud, caminos y empleos.
En la ocasión Roly Aguilera, secretario General de la Gobernación manifestó que «es absurdo que quienes manejan casi el 90% de los recursos de todo el país», en referencia al Gobierno Central, recorte recursos a gobernaciones, municipios, universidades y pueblos indígenas para financiar lo que YPFB tenía que haber invertido durante estos 10 años. “Rechazamos este proyecto de Ley y cualquier otro que pretenda confiscar recursos», dijo Aguilera, para quien el Gobierno central, «en lugar de buscar un Pacto Fiscal para inyectar recursos a los gobiernos subnacionales, están creando este ‘anti Pacto Fiscal’”, afirmó.
Asimismo el senador Oscar Ortiz, dijo que rechazarán el proyecto de Ley y exhortó a sus colegas que actúen en consecuencia con los derechos de la gente y dejando de lado los colores políticos para asegurar que los recursos sigan llegando para salud y educación. “Tenemos que reclamarle al Gobierno Nacional que se haga cargo de sus responsabilidades y competencias utilizando los recursos que tiene en abundancia para financiar la explotación de hidrocarburos sin confiscar los recursos de salud y educación de las gobernaciones y municipios”, enfatizó.
En representación de la mancomunidad chiquitana, Germaín Caballero aseguró que un recorte más es insostenible para los municipios, afirmando que San José de Chiquitos no va a poder sostener un programa de gratuidad con todos los servicios de salud pública que ofrece y tampoco el funcionamiento de un hospital de segundo nivel. “No hay forma de aceptar una propuesta de Ley como la que pretenden imponer para atender una competencia exclusiva del Gobierno central”, afirmó.
Fuente: Cadena A, http://www.santacruz.gob.bo/