Arturo Yáñez CortesA pesar de las múltiples estrategias envolventes desplegadas, al “Tribunal” Supremo Electoral no le quedó otra que declarar la responsabilidad administrativa de la única Vocal que no renunció del “Tribunal” Departamental de Chuquisaca, esto por las trampas usadas para meterle nomás la designación del actual Gobernador, según magia electorera que en un pase de poncho desapareció la voluntad de más de 9.000 votantes. Eso sí, muy convenientemente para los intereses de quienes sirven, “olvidaron” cumplir con el art. 47 de la Ley de Régimen Electoral, remitiendo obrados al Ministerio Público para la investigación penal de los hechos, pese a reconocerlos como ilegales (aunque cualquier mortal huele que allí, se aplicaría nomás lavandina al caso, pues se trata de l@s cumpas del partido…).Pese a esa obra de teatro con guión barato y trillado, llevado a las tablas por actores bastante desprestigiados para intentar –misión imposible- lavar la “imagen” de la justicia electoral, la realidad es bastante testaruda, por lo que lo resuelto y sus vericuetos no hacen más que ratificar la podredumbre del sistema electoral actual, pues las consideraciones del fallo y la repercusión del proceso, han terminado poniéndole la hojita de coca en la torta a la ilegítima gestión del actual Gobernador de Chuquisaca, cuya persona y allegados parecen estar al borde del ataque de nervios, aunque no en la versión de Almodóvar.Así los embustes, sostengo que la sentencia disciplinaria, incluyendo sus convenientes “olvidos”, sólo logró pulir (sacarle brillo) aún más la manifiesta ilegitimidad o, en términos más populares, lo trucho de la actual gestión del Gobernador chuquisaqueño designado precisamente como efecto de los actos –ahora declarados, por lo menos indebidos- del “Tribunal” Departamental Electoral.Sin que esta opinión conlleve bullying político o algún asomo de racismo como ametralló alguna otra autoridad –también al borde del ataque de nervios– (es tan solo “libre crítica del poder”, en la feliz expresión de Zaratti), sostengo que lo relevante es que a l@s defensores de la –dicen– legitimidad del actual Gobernador, incluyendo algunos miembros impresentables de su TSE, les resulta imposible explicar ya no desde el derecho sino desde el simple sentido común: ¿Cómo es que podría ser legítimo lo que ha sido producto de un procedimiento viciado? Más aún cuando ahora, así está declarado por una sentencia ejecutoriada que aunque tardía, por lo menos oficializa esa situación de conocimiento público.Ya en el ámbito del derecho, resulta imposible obviar –como hicieron esos “jueces”– aquella famosa doctrina del derecho probatorio fundamentalmente, consistente en el fruto del árbol prohibido o envenenado que enseña que carece de valor legal, lo que ha sido producto de un procedimiento ilegal o indebido. El ejemplo clásico es que los elementos probatorios logrados en un allanamiento ilegal, no sirven para ningún efecto legal, pues el Estado no puede recurrir al delito como medio para luchar contra el mismo. Por tanto, mutatis mutandis, no sería muy difícil concluir que la “elección” de una autoridad como efecto de un procedimiento viciado, está condenado al abismo de lo trucho, por muchas desesperadas alegaciones preclusivas, ahora formuladas para salvar al compañero…¿Será que la institucionalidad boliviana es lo suficiente idónea para así reconocerlo y actuar en consecuencia? ¿Dónde están los vocales que denegaron una acción de amparo por esos hechos? ¿Existe aún esa institucionalidad? ¿Queda algún vestigio siquiera de ella? ¿No fuera más digno e inteligente si no se gusta ostentar el título de trucho, renunciar para ir a nuevas elecciones? ¿O es que fiel a la doctrina del meterle nomás, la sentencia quedará en el florero plurinacional y el producto de lo viciado no se dará por aludido y seguirá gobernando pese a su cartelazo de trucho ya inocultable a esta altura del partido? ¿A lo pasado pisado? ¿Y los huevos que, públicamente, decía tener?…No tengo por ahora, respuestas exactas a esas interrogantes, salvo remitirme a Linz, cuando dijo a propósito: “La autoridad ejerce un poder legítimo; el autoritarismo lo ejerce arbitraria e ilegalmente”.El Día – Santa Cruz