La Bancada de UD en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) expuso a la opinión pública sus razones por la cual rechazará en la ALP la aprobación del Proyecto de Ley de Promoción e Inversiones en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, propuesto por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).El jefe de la Bancada de UD en el Senado, Oscar Ortiz, explicó que una de las principales razones para rechazar este Proyecto de Ley es que se estaría confiscando los recursos del IDH para fines distintos a los aprobados en la Ley 3058 de Hidrocarburos, desconociendo la voluntad popular, expresada en el referéndum por el gas del año 2004, que establece que los ingresos nacionales del IDH, provenientes de la exportación e industrialización del gas, se priorizará principalmente a la atención de la educación, salud, caminos y empleos y no establece la posibilidad que con los recursos del IDH, pertenecientes a las regiones, se financie la exploración, ya que para eso percibe sus ingresos Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el propio gobierno nacional.“Nosotros consideramos que aquí hay una confiscación a municipios, gobernaciones, universidades públicas y pueblos indígenas del 12 %, dando un precedente nunca antes visto en la historia nacional y es que se está confiscando recursos que hoy son para atender necesidades de salud y educación, a través de municipios, gobernaciones, universidades públicas y pueblos indígenas, para transferírselos como incentivo a las empresas petroleras; esto se lo hace en el peor momento, el gobierno no atendió las necesidades de desarrollar nuevas reservas cuando habían ingresos altos, cuando YPFB, el Ministerio de Hidrocarburos y el gobierno nacional recibieron miles y millones de dólares, no desarrollaron nuevas reservas, no priorizaron la exploración; se gastaron el dinero y hoy quieren solucionar el problema confiscando los recursos a las entidades autonómicas”, dijo.Ortiz señaló que otra de las razones fundamentales es que en ninguna parte del Proyecto de Ley se menciona que la suscripción de los nuevos contratos petroleros serán aprobados por la ALP, dando esta posibilidad al Ministerio de Hidrocarburos y YPFB, contradiciendo toda la gran difusión que hubo, previa a la actual CPE que en su Art. 362 establece claramente que tiene que haber una aprobación expresa.“Lo que en este proyecto de ley está muy claro es que se pretende que las nuevas modalidades de contratación se regulen por resolución ministerial del Ministerio de Hidrocarburos. Nuevamente aquí se estaría desconociendo la CPE y la Ley de Hidrocarburos que ya establecen cuales son las modalidades de contratación que se pueda hacer entre YPFB y las empresas petroleras. La CPE, en su Art. 362, parágrafo primero, establece claramente qué tipo de contratos puede firmar YPFB y, por otro lado, la Ley de Hidrocarburos 3058 también tiene la definición de los tipos de contratos que se pueden firmar. No se puede delegar una facultad legislativa a un ministerio para que por resolución ministerial establezca qué modalidades”, dijo.El legislador advirtió que todo esto contradice la Agenda de Octubre, los referéndums y la nueva CPE que exigen que haya aprobación, a rango de ley, de todo lo que tiene que ver con la exploración, producción y explotación de los recursos naturales.Calificó de irresponsable al gobierno por hacer política con recursos de las rentas extraordinarias, gracias a los precios altos de los hidrocarburos, sin haber desarrollado nuevas reservas hidrocarburíferas.