Francesco ZarattiMuchos recordarán aquella gran estafa que la inmobiliaria FINSA perpetró, allá por los años 90, en Cochabamba, a varios ahorristas, la mayor parte de ellos mineros relocalizados que, del día a la noche, se vieron sin trabajo pero con generosas indemnizaciones.FINSA, para recaudar fondos, prometía intereses tan altos que ninguna entidad financiera o negocio legal podría igualar. La confianza de sus ingenuas víctimas era comprada, pagando religiosamente los intereses durante los primeros meses, gracias al famoso método «piramidal”. La burbuja explotó cuando empezaron a menguar los nuevos aportantes y, por lo tanto, el dinero para pagar a los antiguos. Esta situación desencadenó tragedias familiares y el encarcelamiento temporal de los dueños de la entidad, pero nunca se logró recuperar el grueso del botín.Esta penosa historia volvió a mi memoria al escuchar a altas autoridades del Gobierno repetir hasta el cansancio que el recorte del IDH a las instituciones beneficiadas por el artículo 57 de la Ley 3058 y decretos reglamentarios posteriores no es un despojo, sino una inversión que dará dividendos aún más fabulosos que los de la financiera de marras.Lo curioso es que los voceros de YPFB-FINSA no logran ponerse de acuerdo a tiempo de disparar cifras. Uno, desvelado para que una ministra –tildada de lesbiana por el Presidente – no tenga wawas antes de la boda, promete ocho dólares por cada uno confiscado; otro, el ministro a cargo del centro nuclear, señala que serán nueve por uno. El otrora responsable de la exportación ilegal de condensado, en una actitud más prudente, promete sólo el cuatro por uno. Un asambleísta} que, por no haber aprendido de memoria el rollo, lanza otras gangas. Parafraseando el proverbio: cuando la limosna es grande hasta un Gobernador oficialista debería desconfiar.Hasta acá las semejanzas y la ironía. Hablando en serio, quedan en el PL 319/15 muchas preguntas sin respuesta. Considerando los tiempos críticos y la baja reputación jurídica del país, la principal pregunta que se plantea es si una ley de incentivos podrá lograr lo que en diez años no pudo concretar la nacionalización ni la voluble política de hidrocarburos del Gobierno.¿Servirá de algo recortar irreversiblemente el IDH del 32% al 28,16%, con el fin de entregar premios a las empresas por hacer lo que supuestamente han venido a hacer?Admito que la respuesta podría ser positiva si y sólo si se cumplen los buenos deseos de la estatal petrolera. Es fácil hacer proyecciones atractivas sobre la base de supuestos osados, como es el logro de 11 TCF adicionales en cinco años. Por otro lado, la apuesta arriesgada a nuevos descubrimientos de reservas y extracción de petróleo y condensado para el limitado mercado interno me hace prever que poco o nada se gastará de ese Fondo de Promoción a las Inversiones (FPIEEH). Puedo apostar que el retorno para los departamentos, por lo menos en los primeros años, será inferior a lo prometido.Adicionalmente, surge la pregunta si el Gobierno necesita 60 millones de dólares/año del IDH de los departamentos, pudiendo constituir el FPIEEH con préstamos o con las reservas internacionales.En fin, sabemos que la ley que se aprobará «quieran o no quieran”, pero podría considerarse un par de ajustes. Puesto que aparentemente se desea involucrar a las regiones en las actividades propias de YPFB, sugiero que sea a través de aportes a cambio de acciones de las subsidiarias y no a través de recortes. Asimismo, el recorte del IDH debería tener un límite de tiempo, al cabo del cual tendría que someterse a una evaluación de los resultados alcanzados y, eventualmente, proceder a la devolución de los saldos a sus legítimos dueños.Página Siete – La Paz