Con la excusa de investigar la “enajenación” o privatización de empresas estatales deficitarias, la Asamblea Legislativa controlada por el Movimiento Al Socialismo acaba de dar curso al inicio de un juicio de responsabilidades contra 13 ex autoridades, lo que incluye a un ex presidente de la república y a varios ex ministros.No es casual que esto se produzca a poco más de un mes del referéndum reeleccionista del 21 de febrero, consulta para la cual la mayoría de los sondeos prevén una ventaja de la opción del NO.El problema, para el oficialismo, es que el partido de la alternancia es eminentemente ciudadano y no muestra cabezas claramente definidas, lo que impide enfocar la maquinaria gubernamental de guerra sucia para descalificar y polarizar.En ese contexto, el partido de gobierno procura traer a la escena a figuras de administraciones anteriores, demonizadas durante años por la antipolítica fogoneada por los intelectuales orgánicos y repetidores mediáticos del régimen.Se trata, entonces, de una nueva ola persecutoria que seguramente será operada con la complicidad del sistema judicial sometido a la injerencia del Ejecutivo evista.Un par de paradojas a modo de posdata: 1) una de las causas mencionadas por el juicio político es la privatización de los ferrocarriles, que en buena medida habrían caído en años recientes en manos del empresario pro-chavista Carlos Gil y del ex embajador de Venezuela; y 2) en la reunión celebrada en el Four Seasons de Nueva York, Evo Morales ofreció a los inversores extranjeros la concesión de minas nacionalizadas, ni más ni menos que lo mismo que ahora se busca defenestrar…[email protected]