El caso de Amalia Pando, periodista crítica a quien el gobierno de Evo Morales trata de amordazar, ejemplifica lo asimétrica y ventajista que es la campaña para el referéndum del 21 de febrero.No es sólo la parcialización de órganos como el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional Plurinacional, que incumplen la función del arbitraje equidistante, sino que también la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) estaría buscando “inclinar la cancha” en favor del oficialismo.Pando, simpatizante de Morales en los comienzos de su régimen pero quien ha asumido posturas cada vez más cuestionadoras, hasta decantarse abiertamente por el NO a la reelección, ya tuvo que abandonar hace algunos meses su trabajo en la red Erbol, a raíz de presiones gubernamentales sobre los anunciantes.Ahora, cuando intentaba reiniciar su labor con el programa “Cabildeo”, las dos radios que iban a emitir sufrieron cortes misteriosos, justo cuando el espacio periodístico estaba por comenzar.La ATT atribuyó los cortes a “la granizada”, no sin antes emitir un comunicado declarando ilegal a una de las emisoras, Radio Exitosa. El contexto irregular y antidemocrático en el que tiene lugar el proceso pre-referéndum debería llamar la atención de organizaciones civiles internacionales y de organismos multilaterales. De la misma manera que la protesta externa contribuyó a reducir el margen de fraude de Nicolás Maduro en Venezuela, sería importante para el referéndum boliviano contar con un acompañamiento internacional menos ingenuo y más vigilante…[email protected]