¿Tiene remedio nuestra justicia?

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Todas las cumbres que ha organizado el Gobierno han sido inservibles y ahora se está convocando a una megarreunión para hablar de la justicia. La cita está fijada para el 16 y 17 de abril en la ciudad de Sucre, donde han sido convocados todos los actores involucrados en el sistema jurídico nacional y por supuesto, en primera línea estarán los movimientos sociales, cuyos líderes se han convertido en los principales adláteres de la manipulación, el contubernio, la transgresión y la impunidad ¿Qué podrán aportar? Más caos, obviamente.



Por lo menos en esta ocasión se parte de un consenso, pues no existe absolutamente nadie en este país que pueda negar que la justicia es lo peor, que la cosa ha ido retrocediendo en lugar de mejorar y que se ha convertido en un factor de malestar social al extremo de causar preocupación en las autoridades ejecutivas que son las principales causantes de la degradación que está ocurriendo en los tribunales.

La cumbre fracasará en la medida en que no se reconozcan los causantes del problema y en primer lugar se debe mencionar la estructura misma del Estado Plurinacional, que constitutivamente pone el presidente por encima de todos los poderes, incluyendo el Poder Judicial, cuya principal misión debería ser controlar el ejercicio del poder, ponerle límites y obligarlo a cumplir y hacer cumplir las leyes. Pero de acuerdo a la Constitución, que en teoría respalda la independencia y la división de poderes, la figura del primer mandatario está por encima de todo, lo que lo faculta para hacer y deshacer, imponer, nombrar y cambiar sin temor a las consecuencias.

Eso fue lo que llevó al presidente Morales hace unos años a decir que lo político está por encima de lo jurídico y que él toma las decisiones sin sujetarse necesariamente a las normas. No era una ocurrencia, ni un lapsus, sino su particular interpretación de la Carta Magna, que ensalzó aún más el presidencialismo en Bolivia hasta convertir a los poderes de la república en meros apéndices al servicio del caudillo con las prerrogativas de un monarca de la era del absolutismo.

Este modelo le ha permitido a los gobernantes actuales, proceder con absoluta libertad en sus decisiones, trastocar el edificio institucional, distorsionar el sistema representativo y asegurarse un grado de poder que les garantice la satisfacción de todos sus apetitos. El único freno a este proceso degenerativo ha sido la pérdida de popularidad y el riesgo a que se les escape el respaldo de las urnas. De otra forma, no se hubiera recurrido al Referéndum del 21 de febrero. En palabras del presidente “le hubieran medito nomás”, pues no existe manera de impedirlo.

Tener una justicia obediente, sumisa, maleable y sujeta a sus designios es fundamental para la continuidad del “Proceso de Cambio” y si ahora surge alguna ansiedad es porque semejante acto de prostitución se ha vuelto muy evidente y se ha desbordado, pues todos quieren participar del festín, buscan gozar de la impunidad, de los excesos y las ventajas que trae este sistema de cosas. Mientras no se produzca este cambio, la justicia boliviana no tiene remedio.

Tener una justicia obediente, sumisa, maleable y sujeta a sus designios es fundamental para la continuidad del ‘Proceso de Cambio’ y si ahora surge alguna ansiedad es porque semejante acto de prostitución se ha vuelto muy evidente y se ha desbordado, pues todos quieren participar del festín, buscan gozar de la impunidad, de los excesos y las ventajas que trae este sistema de cosas.

Fuente: eldia.com.bo