Familiares piden renta vitalicia para hijos de funcionarios fallecidos. Una ordenanza, aprobada ayer por el Concejo, instruye a la comuna brindar fuentes laborales a los deudos. Algunos, sin embargo, son menores de edad.
Página Siete. El incendio de la Alcaldía de El Alto, el pasado 17 de febrero, dejó seis muertos.Página Siete / El AltoMediante una resolución municipal, el Concejo de El Alto determinó que la Alcaldía otorgue trabajo a un familiar directo de cada uno de los funcionarios fallecidos en el ataque a la comuna. Los afectados piden renta vitalicia para los huérfanos.»Se ha aprobado una resolución municipal que garantiza una fuente laboral, con inamovilidad, para los familiares de los funcionarios fallecidos, preferentemente de primer grado. No vamos a abandonarlos”, aseguró el presidente del Concejo Municipal, Óscar Huanca.El pasado miércoles 17 de febrero, una marcha de padres de familia derivó en el ataque y quema de la Alcaldía de El Alto. Producto de este hecho, seis funcionarios murieron asfixiados. El municipio declaró 30 días de luto.Algunas de las víctimas del asalto no tenían un ítem en la comuna alteña. «Hay personas que estaban llevando su documentación para una recontratación cuando sucedió el ataque”, lamentó el director de Comunicación, Henry Contreras.Además, entre los fallecidos hay quienes no cuentan con un familiar directo apto para beneficiarse con una fuente laboral en la Alcaldía. Tal es el caso de Ana María Apaza, madre soltera, cuya única hija es menor de edad.»La compañera fallecida Ana María Apaza dejó huérfana a una niña de nueve años. Su familia no tenía más ingresos; Ana María era madre soltera y con su sueldo mantenía a su familia integrada por su mamá, que es de la tercera edad, y su hijita”, contó la trabajadora edil Paula Rivera.Ana María Apaza era administradora de empresas y trabajaba desde hace varios años en el área de contabilidad del municipio. «Ella controlaba todas las carpetas, su trabajo era muy bueno”, comentó su colega.La madre de la fallecida, Marcela Alanoca, tiene 66 años. «Ahora yo estoy como la tutora de una niña que pronto va a cumplir 10 años. Ella no tiene a nadie más”, lamentó.Apaza tenía discapacidad físico-motora -displasia de cadera-, por lo que también era miembro de la Asociación de Personas con Discapacidad de El Alto, quienes ahora demandan ayuda para la familia que quedó desprotegida.»Nos pronunciamos a los nueve días del funesto hecho donde hemos perdido a dos asociados: una persona con discapacidad y una tutora que realizaba un recontrato”, dijo ayer la presidenta de la asociación, Silvia Gemio.Demandó justicia y condiciones laborales para las personas con discapacidad alteñas. «Está en la Ley 223, concordante con el Decreto 1893. Las personas debemos gozar del derecho laboral”.»Nosotros como asociación estamos solicitando, mediante el Defensor del Pueblo, un sueldo vitalicio para la niña que quedó en orfandad”, agregó Rivera, que es secretaria de actas de la asociación. Solicitó particular atención al caso de Apaza porque su hija es menor de edad.El presidente del Concejo informó que el personal municipal cuenta con seguro. «Actualmente hay aproximadamente 1.500 funcionarios con ítem que están bajo la tutela de la empresa aseguradora La Boliviana Ciacruz. Esto se aplicará a las víctimas del ataque”, dijo Huanca.Ejecutivo edil: Hay una norma nacional para indemnizaciónEl ejecutivo municipal de El Alto asegura que cubrió los gastos de los sepelios de las seis víctimas del ataque a la Alcaldía. Además, brinda gratuitamente asesoría legal a los familiares para los trámites de beneficios sociales. La indemnización «se otorgará de acuerdo a la norma nacional del seguro social”.»El municipio ha suscrito un compromiso con los familiares. Se hizo cargo de todos los gastos fúnebres de los seis compañeros y se están priorizando los trámites conforme a la normativa de seguridad social”, informó a Página Siete el director edil de Comunicación Henry Contreras.Al ser consultado sobre la indemnización de los funcionarios fallecidos, Contreras puntualizó que ésta no depende de la Alcaldía, sino de la normativa nacional. «Si los funcionarios han cumplido los requisitos en torno a las AFP y a la normativa laboral nacional, van a contar con este beneficio”, explicó.Según Contreras, la Alcaldía trabaja de manera particular cada uno de los casos. Personal edil se reunió con los familiares para cumplir con los trámites de orden laboral de acuerdo a lo que amerite cada pérdida. Algunas de las víctimas, sin embargo, no tenían ítem en la comuna.»El caso de Ana María Apaza, por ejemplo, que es una trabajadora con más de 10 años de antigüedad, se tratará de acuerdo a su sueldo. Se va determinar el monto para una renta según su aporte a las AFP”, dijo el director de Comunicaciones.Actualmente, la Alcaldía alteña brinda apoyo profesional a los familiares de las víctimas y se comprometió a priorizar los trámites laborales. «Se les está brindando apoyo jurídico, que les va a ayudar con trámites personales, como la declaratoria de herederos”, destacó Contreras.Además, recalcó que, de acuerdo a la resolución del Concejo Municipal, la Alcaldía otorgará trabajo a un familiar directo de cada uno de los fallecidos. «Se beneficiará a los dependientes cercanos, a quien ellos vean conveniente, para que no tengan un hueco en lo financiero”, dijo.