El Observatorio de Derechos Humanos de Bolivia de la Fundación Nueva Democracia acaba de difundir su reporte 2015. Incluimos aquí el resumen ejecutivo del informe.RESUMEN EJECUTIVOEn nuestra misión consolidar la democracia, el Estado de Derecho y la igualdad de oportunidades para todos los bolivianos, como Observatorio Boliviano de Derechos Humanos, tenemos el agrado de presentar el Reporte Cronológico 2015 de Violaciones a los Derechos Humanos sucedidas en Bolivia, abarcando los hechos suscitado entre el 01 de enero y el 31 de diciembre en el año 2015. Cabe mencionar que como Observatorio nos hemos planteado 6 ejes temáticos de investigación, los que han sido agrupados (sin que el orden denote la preeminencia de unos sobre otros), de la siguiente manera:1) Suspensión y Destitución de Autoridades Democráticamente Elegidas.2) Persecución Judicial por Motivaciones Políticas.3) Discriminación Política.4) Violencia y Acoso Político Contra la Mujer en Ejercicio de Cargos Electivos.5) Suspensión de Autoridades Judiciales por Motivaciones Política.6) Restricciones a la Libertad de Expresión y de Prensa.En la cronología del año 2015 se ha podido evidenciar que infortunadamente los “casos” de “violaciones” y “potenciales violaciones” de los derechos humanos en Bolivia, se siguen presentando con una alarmante frecuencia y persistencia, esto muy a pesar de que el criterio dominante en Bolivia es que la nueva Constitución Política del Estado es bastante vanguardista en materia de protección a los Derechos Humanos. Sin embargo, el trabajo realizado durante los últimos 4 años por el Observatorio Boliviano de Derechos, ha evidenciado que de enero a noviembre del 2015, se han monitoreado 426 casos de violaciones y potenciales violaciones a los derechos humanos en Bolivia (dentro delo seis ejes temáticos de investigación), siendo los más emblemáticos los que se detallan en el presente resumen:Suspensión y Destitución de Autoridades Democráticamente Elegidas (11 casos), destacando la persistencia de la suspensión (julio de 2012) de los 7 concejales del periodo legislativo 2010-2015 del municipio de Santa Cruz de la Sierra, quienes no pudieron reasumir sus curules durante más de la mitad de su gestión, a pesar de las sendas resoluciones judiciales que habían ordenado su reincorporación, ordenando finalmente el TCP su restitución en marzo de 2015, un mes antes de finalizar el periodo legislativo.Persecución Judicial por Motivaciones Políticas (102 casos), destacando el caso del candidato a la Alcaldía de Sucre por la alianza opositora Arriba Chuquisaca (ACH), Luis Ayllón, quien en una fallo sin precedente fue condenado por un Tribunal de Sentencia a dos años de cárcel por el delito de incumplimiento de deberes, cuando el Ministerio Público y el actual gobernador, Esteban Urquizu, lo acusaron de peculado por la supuesta pérdida de una cámara fotográfica en 2010. Debido a que no tuvo el derecho de presentar pruebas de descargo por el delito de incumplimiento de deberes, el hecho deriva en una flagrante falta del debido proceso, por lo que Ayllón presento una apelación ante el Tribunal Departamental de Justicia, instancia que deja sin efecto la sentencia indicando que se le había vulnerados derechos fundamentales como el de la legítima defensa.En Discriminación Política (268 casos), destacando el caso de Unidad – Beni (UD), quienes comentaron una encuesta interna en contravención del parágrafo III del art. 136 de la Ley Nº 026 del Régimen Electoral. La denuncia por la supuesta contravención fue sustanciada por el Tribunal Electoral Departamental del Beni determinando la imposición de una multa económica que ascendió al monto de 8.588,06 Bs. UD impugno la sanción impuesta ante el Tribunal Supremo Electoral, instancia que una semana antes del proceso electoral dictó una resolución confirmando la sanción apelada, canceló la personalidad jurídica de UD y adicionalmente aplicó una sanción que canceló la candidatura de sus 228 candidatos, en una patente vulneración de los derechos políticos, toda vez que ninguno de los candidatos cumplía con una las tres causales (previa sentencia ejecutoriada), de suspensión de los derechos políticos delimitados en el art. 28 de la Contitución;1) por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra; 2) por defraudación de recursos públicos; y 3) por traición a la patria.Violencia y Acoso Político Contra la Mujer en Ejercicio de Cargos Electivos (17 casos), destacando el caso de la recientemente electa alcaldesa de El Alto (La Paz), por Unidad Nacional (UN), Soledad Chapetón, con quien el gobierno del presidente Evo Morales advirtió que no coordinaría labores debido las diferencias ideológicas que mantiene con el partido al que ella pertenece. Finalmente a inicios del mes de junio, Vecinos de tres distritos de ese municipio protagonizaron un cerco a la alcaldía, exigiendo que se les permita la elección de los sub-alcaldes por usos y costumbres, cuando estos principios no se aplican para los ciudadanos de las urbes, sino para quienes habitan el área rural. Tratando de esta menar de coartarle una de facultades como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), la de libre designación de personal de su confianza para los cargos de sub-alcaldes.Suspensión de Autoridades Judiciales por Motivaciones Política (6 casos), destacando a principios de año la finalización del juicio de los tres Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (Gualberto Cusi, Soraida Chánez y Ligio Velásquez), quienes fueron procesado por los miembros del Órgano Legislativo por una Ley redactada y sancionada por ellos mismo, esto por haber admitido en el ejercicio de sus funciones una acción de inconstitucionalidad de la Ley del Notariado, suspendiendo la aplicación de la Ley hasta la emisión de sentencia constitucional que resuelva la acción planteada.Finalmente el Tribunal de Sentencia del Senado Nacional, emitió una resolución excluyendo al magistrado suspendido Gualberto Cusi del juicio que se le inició por supuesto incumplimiento de deberes, sin embargo, la resolución no le restituyo en su cargo como magistrado. Por su parte, la magistrada Ligia Velásquez renuncio a su cargo, por lo que fue sobreseía y finalizo para ella el juicio en el Senado. Posteriormente, el Tribunal de Sentencia del Senado, conformado por senadores del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), destituyo de su cargo a la magistrada Soraida Chánez y remitió el proceso al Ministerio Público.Todo esto en una clara vulneración de sus derechos, ya que violo el principio fundamental de la independencia de funciones de los órganos de poder, no se respetó el debido proceso, fueron juzgados en una instancia eminentemente política y además no se cumplió con los estándares internacionales del sistema interamericano de protección a los derechos humanos, como ser el de contar con un tribunal de apelación.Restricciones a la Libertad de Expresión y de Prensa, (22 casos), sin embargo, cabe mencionar que al 30 de julio de 2015, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), tenía registradas 44 alertas de agresiones en todo el país, las que incluyen denuncias de agresiones físicas y verbales, amenazas, acoso judicial y encarcelamiento contra trabajadores de la prensa. Destacando el caso de la periodista de la Radio Erbol; Amalia Pando, a quien en medio de una controversia renuncio a cargo de conductora de un programa noticioso el 31 de agosto, afirmado que lo hacía para salvar a su medio de comunicación, ya que las empresas privadas se inhibía de entregar publicidad a Radio Erbol para evitar tener problemas con el gobierno.Por otro lado, durante el mes de julio se tuvo que lamentar la detención ilegal de los periodistas Juan Carlos Paco Veramendi y Boris Delgado, durante los incidentes violentos ocurridos en La Paz, cuando estos realizaban cobertura periodística para los medios de comunicación de la Villa Imperial, esto muy a pesar de la intervención de la ANP y de que se corroboro la acreditación de ambos como periodistas. Frente a esta insólita situación, Reporteros Sin Fronteras y organizaciones de la prensa de Bolivia hicieron sus buenos oficios para abogar por la libertad de los detenidos, finalmente un juzgado de La Paz dispuso su libertad. En este punto cabe mencionar que de acuerdo al Informe Mundial Sobre Libertad de Prensa para el año 2014, presentado por Reporteros Sin Fronteras, Bolivia ocupa el lugar 94, de entre 180 países.También es necesario mencionar las declaraciones de presión, hostigamiento y censura vertidas por parte de diferentes autoridades gubernamentales en contra de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que no se encuentran alineas con el discurso oficialista y sus políticas públicas: Declaraciones que han sido fuertemente censuradas de manera interna y externa, esto por atentar contra varios principios y valores del “Estado de Derecho Democrático”, entre los que destacan la libertad de asociación para fines lícitos y la libertad de expresión.Esta situación propició que 31 intelectuales de América Latina, Norteamérica y Europa difundieran una carta pública dirigida al Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. En la misiva destaca la firma de Boaventura de Sousa Santos, uno de los principales referentes teóricos del denominado proceso de cambio. En la misma los firmantes expresan su preocupación «por las acusaciones y amenazas de expulsión» lanzadas por el segundo mandatario del país contra cuatro ONG´s (Tierra, Milenio, CEDIB y CEDLA), los académicos, calificaron las amenazas como «un gesto de autoritarismo e intolerancia“.Finalmente en el presente reporte se incluye el trabajo investigativo: “Quo Vadis justicia: Qué hacer para salvarla”, de autoría del sociólogo, investigador y ensayista Henry Oporto. En el mismo, se realiza un análisis de la administración de Justicia en el país, la cual se encuentra en una profunda crisis estructural. Oporto basa su análisis en el reconocimiento de los errores cometidos en el pasado y el presente, en el reconocimiento de que la administración de justicia se desmorona; que los servicios judiciales están colapsados, que en la judicatura ya casi nada funciona bien, que hay un descalabro institucional, que nadie cree en los magistrados, jueces y fiscales, que el Estado no puede proveer un servicio básico para la sociedad y para la gente como es la justicia. Concluye su análisis con un posible camino a seguir para transformar la justicia, la cual se puede resumir en las siguientes ideas: 1) Efectuar un «pacto de Estado” a favor de la trasformación; con el fin de salir del círculo vicioso de reformas y revoluciones judiciales, que no han contribuido a solucionar el grave problema de la justicia en Bolivia y 2) Conformar una comisión de «notables”, la cual esté encargada de redactar una propuesta de cambio del Órgano Judicial, para ponerla en consideración de la ciudadanía.El análisis de los distintos ejes temáticos abordados en el presente este reporte, debe de incitarnos a una profunda reflexión sobre la situación de irrespeto a los Derechos Humanos latente en Bolivia. Ya que resulta evidente que todavía es mucho lo que deben de aportar las diferentes instituciones gubernamentales, no gubernamentales y los ciudadanos del país, para que esta situación de menosprecio hacia los Derechos Humanos se revierta, construyendo de esta manera una cultura de paz que tenga como principios básicos el respeto por la dignidad humana, garantizando de manera plural e irrestricta a los ciudadanos del país todos sus derechos y libertades fundamentales.