Polémica. Niegan el cese de la detención preventiva para la exgerente de CAMC. Fiscalía amplía la imputación contra la expareja del presidente Morales.
En la audiencia de apelación a la detención preventiva de Gabriela Zapata se reveló que «otros» funcionarios del Ministerio de la Presidencia estaban vinculados con la expareja del presidente, Evo Morales, según afirmó la defensa de la exgerente de CMC.
El abogado de Zapata, Eduardo León, informó al salir de la audiencia que los representantes del Ministerio de la Presidencia señalaron que el delito de uso indebido de influencias del que es acusada Zapata no se realizó entre ella y los funcionarios detenidos, Cristina Choque y Jimmy Morales, sino con otros funcionarios de esta repartición estatal. Choque dirigía la Unidad de Gestión Social y Morales era el chofer.
Zapata fungió como gerente comercial de la empresa china CAMC, empresa a la que el gobierno de Morales le otorgó contratos millonarios. La expareja del primer mandatario fue sindicada de operar desde las oficinas de la Unidad de Gestión Social, exoficinas de la Primera Dama.
Detalles. El abogado León informó que tras las declaraciones de los mismos representantes del Ministerio de la Presidencia, ellos solicitarán de forma oficial a las autoridades asignadas a la investigación y a dicha repartición que se señale a los funcionarios de esta cartera de Estado, que sí cometieron el supuesto tráfico de influencias con la señora Zapata.
«Ellos han dicho que se trataría de altos funcionarios, por eso ahora queremos saber quiénes serían ellos», dijo León.
Por su parte Zapata, en contacto con los medios acusó directamente al ministro Juan Ramón Quintana, de ser el responsable directo de armar el proceso en su contra.
Medidas. En la ocasión, la juez cuarto de Instrucción en lo Penal de La Paz, rechazó que Zapata salga en libertad y por lo tanto ordenó que continúe recluida en el penal de Obrajes en ese departamento.
A esta posición se suma la decisión del Ministerio Público de ampliar la imputación para incluir los delitos de ejercicio ilegal de la profesión, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, informó el Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco.
Zapata presentó un certificado de maternidad Nro 24091 del Hospital de la Mujer, pero según la Fiscalía la certificación presentada sería falsa y que la imputada no habría sido atendida en ese nosocomio.
Los fiscales confirmaron al mismo tiempo, que de acuerdo a los registros del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), Zapata firmó el Formulario Único para la emisión de Cédula de Identidad señalando tener como profesión u ocupación «abogado», pero la certificación emitida por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) establece que no hay registro que esta persona haya cursado la carrerea de Derecho en esa casa de estudios superiores.
Acciones. Blanco explicó que en este caso están como víctimas dos instituciones: UMSA y el Segip.
En tanto, el fiscal asignado a la investigación, Daniel Ayala, mencionó que la comisión de fiscales está a la espera que la autoridad jurisdiccional fije fecha y hora para la instalación de la audiencia de medidas cautelares. «Como Ministerio Público estamos pidiendo la detención preventiva para lo cual acreditaremos los riesgos procesales en la audiencia cautelar», sostuvo Ayala.
Defensa. Sobre esto, el abogado defensor de Zapata asegura que no existe sustento legal y verídico para mantener a la expareja del presidente, detenida por el supuesto delito de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. «Ahora están fabricando un nuevo proceso por falsedad material ideológica sobre documentos que no tienen ningún tipo de sentido. El Ministerio Público junto al Gobierno está enfocado en su necesidad de cerrar el caso, manteniendo a la persona detenida por otro delito, porque pretenden lavar la responsabilidad de los verdaderos autores», precisó.