Es un caso destinado a sentar jurisprudencia, pues creen en el sistema judicial. El exasesor del Gobierno está detenido en las celdas de la Policía Federal. Ya no lo visitan. En su declaración para el refugio aseguró que lo comenzaron a amenazar después del referendo
En la casona marfil donde está detenido Wálter Chávez en Salta, hay un letrero que indica que allí se cometieron delitos de lesa humanidad y que esa delegación de la Policía Federal fue utilizada como centro de detención para hombres y mujeres perseguidos por su militancia política y social.
Hoy, 24 de marzo, se cumplen 40 años del golpe militar argentino que asesinó a 30.000 personas, y en esa delegación hay un trío de uniformados bonachones más preocupados por sintonizar la derrota de Bolivia ante Colombia, que en la visita al preso peruano, acusado de terrorismo en su país y que entró de forma ilegal a Argentina. “Vení, te podemos dar cinco minutos con él, nada más”, dice, mientras toma el carné y anota los datos.
Esta vez, el policía no toma la precaución de preguntar a Chávez si quiere recibir visita. Hace dos días, en esta misma delegación, había cinco efectivos que preguntaron primero y Chávez se negó a recibir a un periodista de Bolivia. Ya lo había dicho antes su abogado: Chávez no va a hablar, así lo ha decidido y le ha ordenado silencio, no declarar más a la prensa, para no perjudicar su oportunidad de conseguir refugio político.
“No te sintás mal, flaco -dice un policía bajito, moreno, que parece ser el jefe de la guardia- ya rechazó a cuatro antes que a vos. Solo lo viene a ver gente del Gobierno”. El uniformado no quiso decir de qué Gobierno lo visitan. “Eso lo tenés que averiguar vos”, lanzó, con cara de experto.
Pero hoy, mientras Bolivia va perdiendo uno cero contra Colombia, este policía grandulón pide que lo sigan y se interna por un pasillo angosto, largo, poblado de oficinas a los costados que termina en un grupo de tres celdas. Golpea la puerta de la primera. “Chávez, aquí tiene una visita”, dice.
Por una ventanita cuadrada, de 20 centímetros de lado, aparece la cara de Wálter Chávez. Ya no luce la barba larga y blanca que tenía antes de salir de Bolivia. Está afeitado. “Hola, gracias, pero no, no puedo hacer declaraciones. Puedo perjudicar mi refugio”, se disculpa, mientras el grandulón abre la puerta. Chávez está durmiendo sobre el piso.
El hombre que asesoró las campañas de Evo Morales para llevarlo al Palacio Quemado ahora duerme sobre una colcha y tiene unos periódicos viejos como única distracción. Ahora, el hombre que trabajó en la campaña por el No y que un sector masista lo acusa de haber ventilado el caso Gabriela Zapata, ya no es el adicto a la conspiración, hábil en descubrir las debilidades de su contrincante político, sino un detenido en un limbo judicial que es una brasa caliente para la justicia argentina, que no sabe qué será de su vida.
Entrada ilegal
En Salta, ya todos se olvidaron de Chávez. Mauro Sabbadini, que trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos de la Gobernación, dejó de visitarlo cuando vio su nombre y su foto en los diarios tras la detención de Chávez. No contesta los mails ni sus dos teléfonos. Ya no lo visita en la cárcel. Él era el sujeto del Gobierno que iba a ver a Chávez y que se quedó en la retina del policía bajito y amable.
También dejó de ser noticia en los diarios locales. Ahora todo lo ocupa la visita de Barack Obama a Argentina y los 40 años del último golpe militar. Lo ultimo que sacaron sobre Chávez se publicó el lunes y era un dato errado. Salió que había obtenido la residencia precaria por dos años, pero Julio González Ferreyra, secretario del juez federal Miguel Medina, aclara que la residencia se la dieron hasta el 14 de junio de este año.
González Ferreyra es hombre grande, vestido con un traje negro y su escritorio está enterrado bajo una pila de expedientes que firma mientras cuenta lo que sabe de Chávez. Dice que es paradójico que la oficina de Migraciones le dio la residencia precaria a Chávez al mismo tiempo que llamaba a la Policía Federal para que acuda a las oficinas de la calle Junín a detenerlo porque tenía una orden de captura de Interpol por terrorismo.
El abogado, que cada cinco minutos se disculpa por estar haciendo otra cosa mientras relata, cuenta que Chávez entró de forma ilegal a Argentina. Cruzó la frontera de Bermejo hacia Aguas Blancas, de ahí tomó un taxi hasta Ledesma, en Jujuy, y después otro más hasta Salta.
Los que conocen las rutas migratorias de turistas mochileros entre Argentina, Bolivia y Perú, creen que Chávez salió de La Paz en bus hasta la frontera, y de ahí tal vez tuvo ayuda política para cruzar, o atravesó el río en algunas de las balsas que a diario transportan contrabando.
En la declaración que hizo para obtener el refugio en Argentina, Chávez aseguró que se vio obligado a entrar de forma ilegal porque temía que al hacer el trámite migratorio en Bolivia, fuese detenido. Aseguró que sabía de un caso así.
González Ferreyra afirma que Chávez no estuvo 25 días en Argentina, como se publicó. Dice que llegó tres o cuatro días antes de tramitar el refugio y que estaba alojado en la avenida Sarmiento 500, paradójicamente, a 200 metros de las oficinas de la Policía Federal.
Lo extraño es que, Chávez, al tener el estatus de refugiado en Bolivia, pudo haber recurrido a la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados para pedir ser trasladado a otro país. Aseguró que no le iban a dar ese beneficio, que le habían dicho que la intención del Gobierno, tras la derrota del 21F, era detenerlo y entregarlo a la justicia peruana para que sea juzgado por terrorismo.
Según cuenta González Ferreyra, Chávez aseguró que tras el referendo notó que lo seguían, que despidieron a su mujer y que tres desconocidos interceptaron a su hija de siete años para preguntarle dónde estaba su padre, a qué se dedicaba y con quién se relacionaba.
Eso desató la paranoia y provocó que Chávez salte al abismo de Salta. Sabía que si abandonaba el país perdía su condición de refugiado y que la nueva y supuesta persecución política no le servirá de nada para obtener el refugio, porque lo que se juzgará es si Perú es un país democrático y con garantías suficientes para juzgarlo. “Como prueba de la persecución en Bolivia mostró recortes de periódico en el que los militantes de Evo Morales lo llamaban Judas”, cuenta el secretario del juez.
Un caso paradigmático
Al principio, cuando Chávez fue detenido, se le pidió a la Policía Federal que lo tuviera como un huésped, porque era un caso complejo. Luego, con el pasar de las horas, el exasesor de Evo quedó detenido a secas. Pasa las horas entre su celda de dos por tres metros y un salón donde hay sillones vetustos de cuero.
Cuando llegó la documentación de Interpol al juzgado, también sonaron más seguido los teléfonos. Una de las llamadas era del embajador de Perú en Buenos Aires, que confirmaba que seguía el interés de la justicia peruana por Chávez. La otra era de la ministra del Interior de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, exmontonera que, según el secretario, solo quería interiorizarse del caso.
Los que están alrededor del juzgado aseguran que pidió resolver la causa de forma rápida y enviar a Chávez a Perú, sin complicarse. González Ferreyra se niega a confirmar la versión. Es más, asegura que no será un caso rápido de fallar, porque es un caso atípico, destinado a sentar jurisprudencia y llegar a la Corte Suprema de Justicia en Buenos Aires.
Explica que, para una extradición, el país que la requiere tiene que hacer los trámites y que Perú ya envió fax. Que se tiene que demostrar que están las condiciones dadas y Perú es un Estado democrático. Pero también explica que esta no es una extradición clásica, sino que existe una dualidad, que el caso es bastante antiguo (la acusación es de 1992), que además la ACNUR y la Conare argentina han intervenido.
También falta que Perú formalice su pedido a través de un exhorto suplicatorio. No hay plazo definido, pero la ley argentina indica que un detenido no puede quedar preso por más de 60 días sin disponer su enjuiciamiento.
Para no esperar tanto, Martín Bomba, el abogado que defiende a Chávez de oficio, ha pedido su liberación y detener el trámite de extradición hasta que se defina el refugio, algo no previsto en la legislación argentina, pero este no es un caso típico. Además, se espera que una delegación de la Conare llegue hasta Salta para tomarle una declaración a Chávez antes de definir el refugio. “Sin duda esta semana habrá novedades.
Pero hay el riesgo de darle libertad, que él se fugue y que este juzgado y la Argentina queden como idiotas”, dice el secretario.
En la Policía Federal, después de que el uniformado grandulón le cierra la celda, Wálter Chávez asoma la cara por la ventanita y ruega: “Si vas a escribir algo, pedí que me traigan libros, pero libros felices”. Un amigo le trajo La peste y, a este adicto a la conspiración, la novela de Albert Camus le pareció demasiado triste
Fuente: eldeber.com.bo