14 asambleístas de UD y del PDC solicitan al Tribunal Constitucional la nulidad de los acuerdos porque la Asamblea no cumplió con todos los procedimientos.
UD. San Martín, Costa y Sandoval exhiben el recurso que presentaron al TCP en La Paz, ayer.Página Siete / Beatriz Layme / La PazAsambleístas de la oposición piden al Tribunal Constitucional la anulación de las leyes que ratifican los tratados que suscribió Bolivia con Rusia, entre ellos sobre el centro nuclear, porque no fueron enviados para su control constitucional, como exige la ley.El Gobierno suscribió el 6 de marzo en la ciudad de El Alto dos tratados sobre investigación y energía nuclear con Rusia. Posteriormente, el 9 de marzo, los dos tratados fueron remitidos a la Asamblea y luego derivados a la comisión de Política Internacional de Diputados. Esta comisión envió su informe el 10 de marzo y puso a consideración del pleno.El 15 de marzo los proyectos fueron aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados y remitidos al Senado, que los ratifica el 17 de marzo. Posteriormente, los dos tratados son promulgados por el Órgano Ejecutivo.Con esos antecedentes, la diputada Fernanda San Martín (UD) explicó que una vez que los documentos llegaron a la Asamblea Legislativa, el presidente nato de esta instancia, Álvaro García Linera, debía enviarlos en un plazo de 20 días al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para el control constitucional.»El tratado se aprobó de forma directa pese a que la oposición exigió en el pleno, pero nunca nos escucharon”, indicó.La diputada Rose Marie Sandoval (UD) refrendó esta versión y dijo que la imposición del rodillo oficialista impidió a los legisladores de oposición dar a conocer ante el Tribunal sus observaciones a algunas cláusulas y estipulaciones de los contratos para la ejecución del centro nuclear que se construirá en El Alto.Entre los artículos observados del acuerdo entre Bolivia y Rusia se encuentran el 11, numerales 1 y 2, que establece que «el contratista (Bolivia) y el contratante (Rusia) cooperan en el ámbito de la gestión de desechos radiactivos obtenidos como resultado de la operación del centro”. Asimismo, indica que los procedimientos para deshacerse de los desechos «serán definidos por las partes en un acuerdo separado”.Sandoval explicó que este punto contradice al artículo 344 de la Carta Magna, que explícitamente prohibe la fabricación y uso de armas químicas, biológicas y nucleares en el territorio boliviano, así como la internación, tránsito y depósito de residuos nucleares y desechos tóxicos.La diputada Jimena Costa expuso que el tratado internacional firmado por Bolivia y Rusia, no sólo vulnera los procedimientos de control constitucional previo y obligatorio que exige las leyes, sino que también transgrede los derechos de legisladores y de los ciudadanos que podían haber solicitado un referendo sobre el centro nuclear con el 5% de firmas del padrón.La instalación del centro nuclear en la urbe alteña tendrá un costo de 300 millones de dólares.