Arturo Yáñez CortesConvendrán en que el gobierno no ha sido precisamente ejemplo, siquiera regular, de cumplimiento de las leyes (incluyendo su propia Constitución y sus leyes enviadas a la Asamblea para que levanten la mano) bastando recordar el tristemente célebre: “le meto no más aunque sea ilegal”, empero sostengo que lo del 1º de mayo con el Decreto Supremo Dinamita como gentileza a lo que les queda de sus bases, supera toda ficción de algún cuento -de terror, por supuesto-. Prueba, más allá de toda duda razonable, hasta donde puede degenerar un estado desinstitucionalizado.Esto tanto por cuestiones de forma como de fondo. Sobre las primeras, resulta inaudito para un gobierno entre cuyas principales obligaciones está cumplir con las normas legales, que como regalito de día del trabajador derogue una ley –además sancionada por su propia Asamblea Legislativa hace poco más de 2 años- mediante una norma de menor rango. Cualquier alumno de 1º de Derecho sabe perfectamente que nunca un DS puede derogar una norma superior.El Decreto Dinamita No. 2754 del 1 de mayo de 2016 deroga un anterior DS, el 1359 de septiembre de 2012, por el que se prohibió la tenencia y/o uso de bombas, materias explosivas, inflamantes, asfixiantes, tóxicas u otros materiales relacionados en manifestaciones y movilizaciones públicas. Sin embargo, tanto aquel decreto y sobre todo este nuevo que deroga esa prohibición, permitiendo ahora el uso de esos inflamables artilugios que causan severos daños no sólo contra bienes y personas, incluyendo a las que los usan (como ocurrió ese mismo día con una persona que luego falleció), van en contra ruta a la “Ley de Armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados” que fue, precisamente aprobado por el mismo régimen y su asamblea, el 18 de septiembre de 2013.Ya en el fondo, la finalidad de aquella ley, fue, según su art. 2º: “garantizar la convivencia pacífica y la vida de las personas; prevenir, luchar y sancionar los delitos relacionados al tráfico ilícito de armas de fuego y otros, los delitos contra la Seguridad y Defensa del Estado y la Seguridad Ciudadana…”. Su art. 51.5, señaló que está prohibida la tenencia, porte o portación y uso de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, aun teniendo la licencia de autorización, entre otros casos, en: “Manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines”. Incluso, la CPE de La Calancha que precisamente fue aprobada recurriendo a esos artilugios, paradójica y pomposamente declara que –en serio- : “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz” y que entre nuestros deberes está: “Defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz”.¿Será que con el libre uso de la dinamita u otros explosivos construiremos esa cultura de la paz? ¿Es eso propio de un estado pacifista que fomenta esa cultura? Claro que no, pues fuera absurdo para un estado en serio que sus legisladores cambien en un lapso tan corto de opinión yendo de un extremo a otro, ambos radicalmente opuestos. Lo que al parecer sucede es que el decreto dinamita patentiza el estado inflamante en que quedó el desesperado régimen, dispuesto con tal de mantenerse a cualquier costo en el poder a atacar a todo lo que se mueve o respira si fuera necesario, pues está consciente que su aceptación y la de su jefazo ingresaron en una fase final de declinatoria, en gran parte alentada por sus gruesos “errores”: 21F; Zapatagate, Fondioc, discapacitados y muchos otros, que con una tozudez que se acerca a la estupidez, es incapaz de encararlos constructivamente para nuestros y sus intereses.Se trata de un régimen entronado en su propio polvorín que ante cualquier chispita, volará por los aires. Einstein, dijo: “La paz no puede mantenerse por la fuerza; solamente puede alcanzarse por medio del entendimiento”. Y eso, es mucho pedirle al inflamable régimen…El Día – Santa Cruz