El periodista y expresidente de Bolivia afirma que “el Gobierno está detrás de la demolición de los medios que considera de la oposición”.
Álvaro Valero / Página Siete. Juan Carlos Salazar, director de Página Siete; Carlos Mesa e Isabel Mercado, subdirectora.Página Siete / La Paz»Estamos viviendo una sensación de miedo”, dice el expresidente Carlos D. Mesa Gisbert al analizar la situación de la prensa y la libertad de expresión en Bolivia. Y el miedo, advierte, tiene como consecuencia inevitable la autocensura.Asimismo, sostiene que el Gobierno «ha establecido una estrategia de ataque directo a algunas instituciones, no solamente a los medios de comunicación, sino también a la Iglesia Católica”, algo que «no ha existido como política de Estado en el período democrático previo al 2006”.»La idea del ‘cártel de la mentira’, a fuerza de ser repetida, se convierte en una estrategia de demolición. El Gobierno está detrás de la demolición de los medios que considera de la oposición”, sostiene en alusión a los ataques gubernamentales a los diarios Página Siete y El Deber, a la red ERBOL y a la Agencia de Noticias Fides (ANF).»La democracia ha sido diseñada para limitar al poder y por lo tanto la tarea de los periodistas y del periodismo es limitar al poder; es mucho más comprensible un periodismo no de oposición, sino un periodismo crítico, un periodismo de denuncia, un periodismo que ponga en evidencia los excesos del poder, que un periodismo complaciente”, sostiene.Asimismo, afirma que el Gobierno perdió el referendo porque «hay un proceso de agotamiento” y por «la necesidad de una alternancia en el poder después de 10 años consecutivos de administración del mando”. En este sentido, le augura al Gobierno una nueva derrota si convoca una consulta para revertir el resultado del referendo del 21 de febrero.¿Hay libertad de prensa en Bolivia?La respuesta tiene que ser inevitablemente matizada, porque estamos siempre en la historia de Bolivia comparándonos con nosotros mismos y con un pasado que ha sido brutal. Si tú has vivido en un proceso de dictadura como el que ha vivido Bolivia, para no ir muy lejos, los 18 años entre el 64 y el 82, es evidente que la situación no es la misma en términos generales. Por comparación tienes que aceptar que hay rasgos de libertad de expresión que son importantes y que nos permiten estar conversando aquí y que permiten a Página Siete ser un medio legítimo de oposición dentro de un marco democrático.Entonces, ¿sí hay libertad de expresión?Sería una ingenuidad decir que tenemos una libertad de expresión plena. En primer lugar, hay formas de restricción que tienen que ver, por ejemplo, y además no hay ningún secreto en ello porque el Gobierno lo ha planteado así, que aquellos medios que no son amigos del Gobierno no tienen por qué recibir publicidad gubernamental. El Gobierno no es «dueño” de la publicidad que genera por dos razones: uno, porque utiliza dinero de quienes somos contribuyentes, y dos, porque se supone que el trabajo del Gobierno es una representación del trabajo del Estado y la publicidad que hace referencia a acciones del Estado boliviano representadas por el Gobierno no pueden ser asumidas como un patrimonio del Gobierno. Nunca en la historia elGobierno había tenido un control tan directo de medios que aunque no sean oficialmente propiedad del Estado o del Gobierno, tienen evidentemente inversiones de personas que tienen una vinculación muy significativa con el Gobierno, y que ha convertido a esos medios privados en por lo menos paraoficialistas cuando no directamente oficialistas. Otro elemento importante: quizá desde las épocas del MNR, el Gobierno no había hecho un uso tan eficiente desde el punto de vista del Gobierno, no del Estado, de medios como el canal estatal, como la radio del Estado y las radios que a título de comunitarias hacen difusión de intereses gubernamentales, y un periódico propio. Y algo muy significativo, y aquí sí que no hay comparación alguna: no conozco ningún caso de un presidente que tenga a su servicio una unidad móvil para reflejar sus actividades y no necesariamente las actividades vinculadas a la administración del Estado, sino de entretenimiento del Presidente cuando juega partidos de fútbol, que son transmitidos por el canal del Estado.¿Cómo se traducen estas restricciones?Hay una línea de preocupación que tiene que ver con el más grande peligro que tienen los medios o los periodistas o los columnistas: el miedo y, como consecuencia, la inevitable autocensura. Estamos viviendo una sensación de miedo, una sensación de que si dices cosas que son complicadas acabas judicializado. El gran secreto de un proceso democrático que limita las libertades es transformar la represión directa en judicialización.La judicialización de la política y la judicialización del periodismo o de los medios de comunicación es uno de los mecanismos que con el celofán de la legalidad se convierte en una forma de presión sobre los medios.El Gobierno afirma que ha perdido el referendo por culpa de algunos medios y de las redes sociales, razonamiento que conlleva una agudización de la presión sobre estos medios. ¿Qué opina al respecto?Eso no tiene ningún asidero de carácter científico. El Gobierno ha perdido el referendo simplemente porque hay un proceso de agotamiento y porque hay una lógica que cada vez es más evidente, que es la necesidad de una alternancia en el poder después de 10 años consecutivos de administración del mando. Éste es un aspecto fundamental, más allá de lo que tú opines del Presidente. El pueblo boliviano, incluso aquel que ha respaldado al Presidente, está absolutamente consciente de que estamos viviendo un proceso de agotamiento. Por lo tanto, achacarle a los medios, a los escándalos y a las redes sociales la derrota, y mucho menos a la manipulación y a la mentira, es una lectura equivocada que además le va a perjudicar al propio Gobierno. El Gobierno está pensando que el Presidente puede intentar repetir la experiencia de una consulta, pero probablemente no le va a ser positiva porque no veo ninguna razón para que la percepción ciudadana cambie. Su derrota no ha sido una cosa circunstancial vinculada a una manipulación de un momento determinado, sino que tiene que ver con una sensación permanente de la ciudadanía boliviana sobre la necesidad de renovación.En conexión con su percepción sobre la derrota del 21 de febrero, el Gobierno está pensando en la reforma de la Ley de Imprenta o en la elaboración de una nueva ley de comunicación.Yo quisiera hacer aquí dos consideraciones, una vinculada al contenido de la Ley de Imprenta, aprobada en 1925. La filosofía de la ley me parece impecable en sus principios y caracterización, salvo en uno que otro detalle de cuáles son los delitos de imprenta. Está claro que hay un conjunto de cosas vinculadas a la modalidad, al siglo XXI, que en principio tú dirías que por lo menos hay que incorporarlas, incorporar a los medios audiovisuales, las redes sociales, internet. Sin embargo, esto no se puede hacer en un momento como éste porque no hay una voluntad real del poder de establecer de manera abierta y plural un debate sobre una modificación que mejore las características de la ley. Lo que el Gobierno quiere es ver cómo podemos limitar lo que la Ley de Imprenta establece como una opción de esa libertad. En mi opinión, el momento histórico y político que estamos viviendo es absolutamente inadecuado para una reforma porque no tenemos las condiciones de voluntad política ni del oficialismo ni de la oposición, porque estamos completamente erizados unos con otros en relación con esta cuestión tan delicada.¿Qué está pasando con el ejercicio del periodismo? Pareciera que la polarización ha colocado a los periodistas en dos trincheras totalmente opuestas, entre quienes apoyan el «proceso de cambio” y quienes lo critican. ¿Qué piensa como periodista al respecto?Comenzaré por hacer un pequeño paréntesis en torno a una expresión. Hablar del «proceso de cambio” es igual que hablar del «neoliberalismo”. Yo no acepto que se califique como «neoliberalismo” al proceso democrático previo al 2006, ni acepto que se llame «proceso de cambio” al actual proceso político. El análisis histórico de lo que ese proceso representa lo analizaremos en su momento, pero el Gobierno nos ha ganado con las palabras.Le estamos creyendo que es un proceso de cambio. Algunos podrán interpretar que sí, otros que no. El actual proceso político tiene una característica muy clara, que es que nos obliga a tomar posición. Ahora bien, el 2006 ha representado un momento singular en la historia del país y las características de este proceso político implican elementos equivalentes a los que hemos vivido en momentos anteriores, como el proceso democrático del 82 o la Revolución del 52. Son momentos profundos de proyección histórica que hacen que cada uno de nosotros tome una posición. Por lo tanto, no debe sorprendernos que este proceso político y estos 10 largos años de gobierno te coloquen en un lado o en el otro. Es muy difícil la neutralidad y los periodistas no hemos sido excepción en esta lógica. Y aquí diría algo más. Dada la debilidad del sistema de partidos y de la oposición, los medios de comunicación se están convirtiendo en los únicos instrumentos a través de los cuales puedes expresar ideas que antes los partidos políticos de oposición expresaban. No solamente es un déficit de los partidos, es una forma de construcción de hegemonía partidaria, es una forma de asfixia de la oposición, es una forma de legalidad que impide que la oposición se pueda desarrollar. El abanderamiento es comprensible. Yo diría que no es ideal, porque estamos llegando a un punto en el que de pronto nos podemos pasar de rosca, tanto de quienes defienden el proceso político actual como de quienes están en contra. Yo creo que es legítimo que un periodista y un medio de comunicación se autodefinan, que de manera legítima digan «yo estoy a favor de este proceso político” o «no estoy a favor”, siempre y cuando la esencia de su trabajo no pierda la perspectiva de la veracidad, de reflejo de los hechos tal y como son, y de una mirada crítica que no sea desmesurada.Pero eso no está ocurriendo. Los medios independientes están siendo estigmatizados, como se ha hecho con el denominativo del «cártel de la mentira”, y otros están totalmente adscritos al poder. ¿Cómo afecta esto al derecho del ciudadano a ser informado?El Gobierno, y esto no ha existido como política de Estado en el período democrático previo al 2006, ha establecido una estrategia de ataque directo a algunas instituciones, no solamente a los medios de comunicación, sino también a la Iglesia Católica, para poner un ejemplo. La idea del «cártel de la mentira”, a fuerza de ser repetida, se convierte en una estrategia de demolición. El Gobierno está detrás de la demolición de los medios que considera de la oposición. Al Gobierno no le gustan estos medios y con esa caracterización quiere decir: «¡ojo, señores!”. En los medios audiovisuales estamos en el umbral de la renovación de licencias, situación que puede tener un efecto devastador para el pluralismo. La norma que establece un tercio para los medios privados es en realidad de 66/33. Hay una estrategia consciente del Gobierno para debilitar a aquellos medios que no le son favorables y eso es una lógica que no habíamos conocido en democracia. La idea de que tú eres independiente quiere decir que eres independiente del poder. La democracia ha sido diseñada para limitar al poder y por lo tanto la tarea de los periodistas y del periodismo es limitar al poder. Es mucho más comprensible un periodismo no de oposición, sino un periodismo crítico, un periodismo de denuncia, un periodismo que ponga en evidencia los excesos del poder, que un periodismo complaciente. La idea de que tú, porque estás en una línea crítica al Gobierno, eres opositor en el sentido militante, partidario, es una falacia. Por razones de definición hablamos de oficialismo y oposición como hablamos de derecha e izquierda. Eso es comprensible, pero el concepto de periodismo independiente existe en ese sentido, el de la independencia del poder. El secreto del buen periodismo está en la independencia del poder, del poder empresarial, del poder político, del poder social, del poder como criterio de uso excesivo de ese poder en contra de la ciudadanía y de la sociedad.Retomando el tema de las redes sociales, ¿cómo ve la pretensión del Gobierno de controlarlas?Es un esfuerzo imposible, salvo que tomaras actitudes de gobiernos dictatoriales, es decir, técnicamente, como lo hacen Corea del Norte y China. Para ponerles un ejemplo, China para hablar del modelito que a todos les gusta, ejerce una censura abierta, limitando de manera explícita mediante determinados mecanismos de bloqueo.Asumo que el Gobierno no está en esta lógica y no tiene ninguna posibilidad de limitar el funcionamiento de las redes sociales. Por supuesto, desde la perspectiva conceptual no debería ni siquiera intentarlo. Es verdad que hay excesos en las redes sociales, que hay anonimato, que se pueden cometer delitos, desde delitos sexuales hasta delitos de terrorismo internacional, pero las redes sociales permiten una democratización de las voces que antes estaban restringidas al escenario de la conversación cotidiana. En ese sentido, siempre hay que hacerse la pregunta del costo y beneficio de la libertad y la libertad plena tiene un costo, que vale la pena que sea pagado.En ese contexto, creo que el Gobierno ha entendido la lección y ha lanzado a una cantidad impresionante de personas o instituciones que están haciendo su tarea en las redes sociales. Es parte del juego. Que el Presidente tenga presencia en el Twitter me parece una gran noticia, me parece que entendieron las cosas correctamente.Es decir, están dispuestos a pagar el precio de las redes sociales. Pero, por favor, el discurso del «cártel de la mentira” y el discurso de que las redes sociales lo están derrotando, no. Hoy las redes sociales son un instrumento legítimo y democrático que le da poder a la gente para hacer cosas, cosas en democracia.