El viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, explicó que la mesa que presidió aprobó la sugerencia del vicepresidente Álvaro García
Iván Paredes- EL DEBER – [email protected]
La cumbre judicial, que terminó hoy en Sucre, decidió incluir la cadena perpetua en el sistema penal como sanción máxima para violadores de niñas y niños que mueran producto del abuso. Además, entre otros aspectos, el evento decidió mantener el voto popular como mecanismo de elección de magistrados, sin embargo, la etapa de preselección será riguroso y se creará una comisión interinstitucional que evalúe la meritocracia de los candidatos.
La cumbre terminó en Sucre y sus seis mesas de trabajo concluyeron reformas del sistema judicial. En la temática uno se decidió mantener la elección de altas autoridades judiciales por sufragio universal. «Por unanimidad se decidió mantener el voto popular, que es una conquista del pueblo. Eso sí, se hará una radical modificación al sistema de preselección de candidatos», explicó el viceministro de Defensa al Consumidor, Guillermo Mendoza.
En la mesa dos, que trató el acceso a la justicia, decidió, entre varios puntos, modificar la Ley del Órgano Judicial y de Deslinde Jurisdiccional. A su vez, concluyó la gratuidad de la justicia y mantener la igualdad de jerarquía entre las justicias indígena y ordinaria.
La temática tres debatió la retardación de justicia. Esta instancia decidió, entre varios puntos, digitalizar los procesos, crear un monitoreo digital que permita el seguimiento al trabajo de jueces y fiscales y la evaluación y auditorías a operadores de justicia y administrativos para renovar personal judicial.
La mesa cuatro abordó la corrupción en el sistema judicial. Esta mesa fue la que más debate tuvo, debido a que se concluyó varios aspectos, entre ellos, instalar cámaras de vigilancia en juzgados, investigar cuentas bancarias de operadores de justicia y que las grabaciones de audios y videos sean consideradas como prueba en los procesos.
En la mesa cinco se decidió incluir la cadena perpetua como sanción máxima para violadores de niñas y niños que hayan fallecido producto del abuso. Esta decisión implica la modificación de la Constitución, ya que la Carta Magna establece 30 años de cárcel como pena máxima. El viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, explicó que la mesa que presidió aprobó la sugerencia del vicepresidente Álvaro García y evitó hablar de modificar la Constitución para introducir la cadena perpetua. «Los técnicos especializados dirán que pasos se deben seguir», dijo. Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, dijo que es necesario abrir la Carta Magna para introducir esta sanción penal.
Por último, la mesa seis debatió el régimen disciplinario y la formación de valores en carreras de derecho. Se decidió retirar la licencia profesional a abogados y operadores de justicia que cometan delitos de corrupción.
Fuente: eldeber.com.bo