Fernando MiresLas noticias desde Nicaragua notificando un golpe antiparlamentario ejecutado por el autócrata Daniel Ortega no constituyen lamentablemente una excepción en la historia política del siglo XXI. Por el contrario, ese golpe se enmarca dentro de una tendencia destinada a suprimir a las instancias deliberativas y legislativas con el objetivo de entregar todo el poder al ejecutivo en nombre de una supuesta democracia directa. La maniobra de Ortega es solo una entre otras variantes.Ortega está imitando un proyecto que tiene correlatos extra-continentales. No deja de llamar la atención que las informaciones provenientes de Nicaragua se confundan en los medios con las que llegan de Turquía. Como es sabido, en Turquía, el dictador temporario –podemos llamarlo así- había comenzando a demoler el parlamento antes del supuesto golpe militar que tuvo lugar en julio del 2016. Hoy el parlamento turco es una ruina.Dejando de lado las formas teocráticas propias a la dominación despótica de Turquía, el “modelo” Erdogan se diferencia muy poco del establecido por Vladimir Putin en Rusia, país en donde el parlamento ha sido convertido en una prolongación del ejecutivo y cuya función consiste sólo en dar formato legal a las decisiones tomadas por el mandatario ruso.El encuentro que han acordado realizar en un futuro próximo ambos autócratas, Erdogan y Putin, a la vez que hace temblar a la Europa democrática, corresponde al mutuo reconocimiento de identidades compartidas, un equivalente en letras chicas al encuentro que tuvo lugar entre Hitler y Franco el año 1940 en Andaya (Francia).En el mismo sentido de Putin y Erdogan ha ido tomando formas el unipersonalismo político cada vez más pronunciado de Víctor Orban en Hungría, país en el cual el parlamento ha pasado a ser una institución decorativa al servicio de las decisiones del ejecutivo. La forma que adopta el régimen húngaro es la de una “república cristiana” cuyas decisiones fundamentales son tomadas más allá de la instancia parlamentaria, mediante la recurrencia a la vía plebiscitaria, pero sólo cuando el ejecutivo lo estime conveniente. El llamado de Orban a someter el tema migratorio a un plebiscito es una prueba, entre otras, de la vía elegida por el mandatario húngaro.Volviendo a América Latina, salta a la vista que la arremetida orteguista en contra de la Asamblea Nacional de su país, se encuentra directamente vinculada con la lucha antiparlamentaria desatada por el régimen militar de Nicolás Maduro en contra de la Asamblea Nacional venezolana después de que la oposición alcanzara la mayoría absoluta en las elecciones del 6-D. Sin miedo a equivocarnos podemos decir que la fase final del proyecto de Maduro ha sido consumada con cierta antelación en Nicaragua antes que en Venezuela. Pero el proyecto de Maduro no se diferencia al del dictador Ortega.No deja de llamar la atención que precisamente en los momentos en los que tiene lugar el golpe antiparlamentario nicaragüense, esbirros del régimen madurista como son Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, han amenazado con enviar a prisión a los diputados indígenas elegidos el 6-D, con el único objetivo de impedir que la oposición mantenga su mayoría absoluta. Rodríguez ha ido más lejos que el propio Ortega: ha llegado a exigir al supuesto poder judicial que dicte la ilegalización de la MUD.A nadie engaña que el propósito de ambas autocracias, la de Ortega y la de Maduro, es implantar en sus respectivos países el modelo cubano de dominación político-militar.Veamos: A la cabeza, un autócrata militar (en el caso venezolano, mediante la simbiosis Maduro/Padrino López). Hacia un lado, un poder judicial corrompido en su propia esencia. Hacia el otro, un partido-estado, aparato ideológico cuya función es legitimar al poder militar de cúpula. El supuesto poder popular será constituido por organismos para-estatales y sus miembros no tendrán otra función que no sea la de ratificar con aplausos las palabras de los dirigentes máximos. Las elecciones, si es que tienen lugar, sólo podrán celebrarse si la cúpula dominante está segura de ganarlas. Si no es así, serán suprimidas, como ocurrió en Cuba, o serán convertidas en una farsa como en Nicaragua, o serán postergadas indefinidamente como está ocurriendo hoy en Venezuela frente al clamor mayoritario por un referendo revocatorio. En los tres casos, el poder del ejecutivo pasa por la supresión de las atribuciones parlamentarias, es decir, por el desconocimiento de la división de poderes al interior del Estado.Éstas son, dicho en clave de síntesis, las características fundamentales de las dictaduras del siglo XXI, ya sea en Eurasia, en Europa o en América Latina. Estamos viviendo una asonada antiparlamentaria de dimensiones mundiales, en algunos casos muy similares a las que dieron forma a los movimientos y regímenes totalitarios –comunistas y fascistas– del siglo XX.En Nicaragua la situación es más que gravísima. Dieciséis diputados en ejercicio y doce diputados suplentes del Partido Liberal Independiente fueron destituidos siguiendo una orden del Consejo Supremo Electoral. “La destitución de los diputados opositores constituye la demolición del último bastión de la institucionalidad democrática y del Estado de derecho porque violenta todos los procedimientos legales y destruye las bases del sistema constitucional nicaragüense”, expresó Wilber López, hasta el jueves jefe de la bancada opositora. El Movimiento Renovador Sandinista, partido creado por el exvicepresidente y escritor Sergio Ramírez, ha denunciado que el “presidente Ortega ha liquidado a la Asamblea Nacional”.Ironía de la historia. El sandinismo nació en nombre de los principios liberales (proparlamentarios) de Sandino en contra de la dictadura agraria familiar de Somoza. Hoy, el sandinismo renovado se levanta de nuevo pero ahora en contra de la dictadura, también familiar, pero a la vez “postmoderna”, encabezada por Daniel Ortega en nombre del sandinismo al cual traicionó.Los Tiempos – Cochabamba