Gary Antonio Rodríguez ÁlvarezConvertir a Bolivia en un granero fue el desafío lanzado por el Gobierno a los productores agropecuarios del oriente, la mayoría pequeños. Consolidar la soberanía alimentaria y exportar más para alimentar a millones de bocas en el mundo, una aspiración superior.Acoplar la Agenda Patriótica con la Agenda Agroproductiva fue el pacto ideado en julio del 2013 (Foro Agroindustrial Productivo: más inversión, más empleos) refrendado en abril del 2015 (Cumbre Agropecuaria Sembrando Bolivia).El objetivo era llegar al Bicentenario del 2025 sin pobreza extrema y con la pobreza relativa al mínimo. Se comprometió una inversión privada de $us 13.000 millones, a fin de lograr 45 millones de toneladas de alimentos, creando 1.000.000 de nuevos empleos, haciendo de las agroexportaciones con valor agregado el puntal del PIB con un aporte muy por encima de los hidrocarburos. ¡Muy bien!¿Cuánto se avanzó desde entonces? Menos de lo esperado y, sin las políticas públicas esperadas por quienes están dispuestos a seguir invirtiendo por una Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana, la esperanza baja y la incertidumbre crece.La actividad agrícola es de riesgo al depender del clima y, mucho más, si se suman restricciones al uso de tecnología de punta y a la exportación de excedentes.CAO y Anapo, baluartes del sector agroproductivo, han advertido sobre el negativo impacto del clima y las plagas en la campaña de invierno (trigo, sorgo y maíz): una sequía como no se había visto en tres lustros y el inmisericorde ataque del gusano cogollero han puesto sobre el tapete la urgente necesidad de la biotecnología para enfrentarlos.Se dice que, a la luz de los pésimos rendimientos de los cultivos, se tendrá que importar maíz, una pena. Pasó ya en 2010 cuando, a consecuencia de prohibir la exportación de maíz su precio en Bolivia bajó tanto que desestimuló su producción y se acabó importando maíz transgénico, dándose la paradoja de comprarlo a terceros, sin permitir sembrar en Bolivia este grano resistente a los insectos, así como también al estrés hídrico.Si la CPE, en su Art. 409, dice: “La producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley” y la Ley 300 apunta a de-sarrollar acciones de protección del patrimonio genético “…prohibiendo la introducción, producción, uso (…) de semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado (…) de las que Bolivia es centro de origen o diversidad…”, no solo la CPE afectaría la importación legal de maíz transgénico, sino que la ley indicada apuntaría a prohibir hasta su consumo.Por tanto, si para importar maíz transgénico será necesaria una ley en función de garantizar la ‘seguridad alimentaria’, ¿por qué no legislar aquí y ahora, para permitir el cultivo de maíz genéticamente mejorado en el país para que no caiga su producción por las plagas y el clima? Se triplicaría el volumen de alimentos al 2025 y se habilitarían nuevos eventos para la soya (el maíz rota con ella en invierno) bajo igual lógica, siendo que la proteína vegetal de la soya se transformará luego leche, huevo, queso y carnes de bovinos, pollo y de cerdo.No será de extrañar que algún activista -de esos que hablan por los pobres, pero viven como ricos- recuerde que el Art. 255 de la CPE señala la “prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medioambiente”, por lo que a estos señores habrá que recordarles que: a) La soya RR se produce comercialmente por 20 años en el mundo y por 10 años en Bolivia sin un solo caso de daño a la salud, al igual que ocurre con el maíz Bt; b) Un informe conjunto FAO/OMS dictaminó en mayo que el glifosato no es dañino, como se arguye; c) La Academia Nacional de Ciencias de EEUU, el mismo mes, luego de sesudos estudios, concluyó que los cultivos genéticamente modificados son tan o más inocuos que los convencionales; y d) 110 premios nobeles -científicos casi todos- avalaron en junio que los cultivos genéticamente modificados son buenos no solo para alimentar, sino para prevenir enfermedades y evitar muertes.Alguien dirá que perderemos nuestro acervo original por contaminación genética. ¡Falso! El uso de semillas genéticamente mejoradas no sería obligatorio. Bajo el principio de coexistencia y regionalización, quien quiera tal tecnología la usará y quien insista en el cultivo convencional y variedades nativas -así deba fumigar hasta 10 veces las hierbas y plagas- igual; lo mismo para los cultivos orgánicos… aunque lo orgánico es caro y, si para que el pueblo esté tranquilo los alimentos deben ser baratos… clarito -entonces- lo que se debería hacer ¿no?El Deber – Santa Cruz